Usuarios de la plataforma de transporte Uber se vieron privados del servicio en horas de la tarde de ayer, cuando la empresa desactivo el servicio como un mecanismo para "enseñar" que el Decreto Ejecutivo N.°331 del 31 de octubre de 2017 no es procedente.
Socios conductores de Uber denunciaron que la empresa los estaba utilizando para presionar al Gobierno para que deroguen el decreto, mientras que los usuarios se quejaron del colapso del servicio.
La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre dijo que la acción de Uber era innecesaria y malintencionada.
Desde tempranas horas de ayer, Uber anunció que haría un "simulacro" para probar la inconveniencia del decreto.
El simulacro suponía ofrecer el servicio bajo los parámetros que contempla la reglamentación.
Según Andrés Echandi, gerente general de Uber Centroamérica, lo que pretende es "enseñar" en lo que se convertirán las plataformas con ese decreto.
Echandi aseguró que el decreto tendrá "un impacto grande" en la plataforma.
Entre los requisitos que exige el decreto está que el conductor debe poseer licencia tipo E1, y Echandi argumentó que este proceso tomará más de una semana y tendrá un costo de hasta $300, trámite que deberán hacer más de siete mil socios conductores de Uber.
