Las compañías tecnológicas Uber y Cabify, que prestan el servicio de transporte público, no descansarán hasta que se hagan los ajustes al Decreto Ejecutivo 331, que regula estas plataformas.
Al igual que lo hizo Uber, Cabify ha mostrado su disconformidad con el decreto por considerarlo discriminatorio y contrario a la integridad cultural y profesional de las personas.
El desacuerdo consiste en que 80% de los conductores de Uber y 63% de los que manejan Cabify en el país, no cuentan con los requisitos establecidos en el decreto, por lo que han solicitado que se hagan los ajustes pertinentes.
Los representantes de Cabify afirman que con la nueva regulación, más de 2,000 socios conductores no podrán seguir trabajando por medio de su plataforma y más de 100 mil usuarios verán comprometida su movilidad y seguridad.
El ministerio de Gobierno reiteró que, sobre la forma de pago de estos servicios, se estableció que debe ser por tarjeta de crédito.
