Los radares, helicópteros y mapas digitales no fueron los únicos negocios que promovió el exasesor de Finmeccanica y prófugo de la justicia italiana, Valter Lavitola, con el Gobierno de Panamá.
Dentro del paquete de contratos también se impulsaba una jugosa transacción para la construcción de un conjunto de cárceles modulares de fabricación italiana, a un costo de 112 millones de dólares.
El negocio fue estructurado bajo el mismo esquema de los radares, helicópteros y mapas. Es decir, era parte del acuerdo marco que firmaron los Gobiernos de Italia y Panamá el 30 de junio de 2010.
La única diferencia fue el proveedor: la empresa Svemark, representada por el italiano Mauro Velocci, hasta hace poco muy allegado a Lavitola.
Al igual que las filiales de Finmeccanica, Velocci se acercó, para parte de la tramitación del contrato, al empresario argentino Gustavo Franchella, quien dice ser el dueño de la empresa Agafia Corp, también vinculada por terceros a Lavitola.
Ayer, Franchella reconoció que Velocci fue su cliente en un contrato de asesoría, pero a través de otras de sus empresas White Haven Consulting, y no por Agafia Corp.
Aclaró que en este contrato no cobraba el 10% de la compra de la cárceles, sino solo 50 mil dólares por servicios de consultoría.
Franchella dijo desconocer si existía un vínculo entre Velocci y Lavitola, a pesar de que todos los negocios estaban conectados al acuerdo entre países.
En medio de reuniones y presentación de la oferta, las aspiraciones millonarias de Veloci, junto a su empresa Svemark, se desvanecieron antes de que se concretara el negocio.
Según el diario II Fatto Quotidiano, el negocio no avanzó por el alto costo de la operación. En agosto pasado -cuenta el diario italiano- el presidente Ricardo Martinelli llamó al embajador de Italia en Panamá, Giancarlo Curcio, para informarle que las cárceles no se harían porque eran “muy caras y no le interesaban”.
La misma versión fue confirmada semanas atrás por Martinelli en declaraciones a medios.
Franchella señaló que después del mensaje de Martinelli, el proyecto se suspendió y Velocci le comunicó que se volvía a Italia.
La noticia causó frustración en Veloci, quien decidió revelar información confidencial -correos electrónicos- de la relación entre su expromotor, Lavitola, y figuras del Poder Ejecutivo.
Así lo dijeron fuentes confiables, que revelaron que fue justamente Velocci la persona que obtuvo los correos, luego los entregó a un medio de comunicación, y el sábado pasado, a la dirigente del PRD Balbina Herrera. El encuentro se habría dado ese día a las 8:00 a.m. en el hotel Marriott del área bancaria, dijo la propia Herrera.
Después, Velocci -quien en estos momentos se encuentra en Italia- hizo entrega de la documentación a otros medios de comunicación. Incluso, según las fuentes, Velocci mantuvo comunicación con un periodista italiano, Antonio Massari.
Panamá América intentó en varias ocasiones hacer contacto telefónicamente y por correo electrónico con Velocci, pero no hubo respuesta. Tampoco la dirigente política Balbina Herrera habló ayer del tema.
Anteayer, el Ministerio de la Presidencia presentó ante el Ministerio Público una denuncia para que se investigue la divulgación de información presumiblemente contenida en el correo oficial del presidente.
A raíz de eso, fuentes judiciales indicaron que, de confirmarse la participación de Velocci en la violación de los correos, se podría pedir la intervención de Interpol para que sea traído a declarar.
