Ayer entró en vigencia la Ley 7 del 14 de febrero de 2018, que adopta medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios, protegiendo el derecho a trabajo y educación con condiciones de equidad.
Por medio de esta nueva norma, se castiga el hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo y sexismo que se den en empresas privadas o públicas del país y en los centros educativos superiores o generales.
El incumplimiento de dicha ley conllevará multas que van desde $550 a $1,000 para la empresa que permita el abuso a sus colaboradores.
El artículo 7 señala explícitamente que "los gremios profesionales deberán establecer políticas de prevención y procedimientos de sanción".
Además, se explica que los entes encargados de velar por el cumplimiento de los 21 artículos que conforman la ley son el Ministerio de Educación, la Universidad de Panamá, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, además de superiores jerárquicos en la empresa privada.
