Panamá está obligado a acatar la resolución enviada este lunes por la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se pide el cierre del Centro Penal Transitorio de Isla Punta Coco, así como la adopción “urgente” de medidas cautelares a los 6 recluidos allí.
Según el abogado Felix Humberto Paz, experto en Derechos Humanos, esta solicitud es de obligatorio cumplimiento, en virtud de los acuerdos firmados por nuestro país.
Y citó como ejemplo la resolución similar que envió la Comisión Interamericana a EE.UU, en cuanto al cierre del centro penal de Guantánamo. “Y el presidente más poderoso del mundo, Barack Obama, ha accedido al informe del cierre de Guantánamo”, señaló el jurista Paz.
'Centro de tortura'
Pero el presidente Juan Carlos Varela y las autoridades de seguridad del país defienden la continuidad de este centro, bajo la excusa de se usado para limitar la comunicación de detenidos de de alto perfil.
“Pero realmente es un centro penal de tortura”, denunció el abogado Felix Humberto Paz.
Un informe previo de la Defensoría del Pueblo ya advertía irregularidades como aislamiento, impedimento de visitas, limitaciones para controles de inspección, falta de atención médica, entre otros.
Debido a esto, la resolución enviada a Panamá por la La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su página 10, sostiene que “el Estado debe de ubicar de inmediato a las personas actualmente detenidas en el centro de detención transitorio de Isla Punta Coco, a un lugar que cumpla con los estándares aplicables para las personas privadas de libertad”.
Exige también que se “haga cesar las medidas de aislamiento en las que se encuentran” los 6 privados de libertad, confinados a este lugar.
¿Y si no acata?
En caso de que Panamá ignore la solicitud de la OEA, “aquellas personas podrían demandar al Estado”, advirtió el abogado Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante la OEA.
Reiteró que en el penal de Isla Punta Coco se dan “violación de los derechos humanos”, y siendo que Panamá es signatario de acuerdos sobre respeto a estos derechos, “debe cumplir con esta recomendación”.
Entre los peores
Por su parte Roberto Sanguillén, director de la Comisión por los Derecho Legales de los Privados de Libertad, lamentó que Panamá se haya convertido en uno de los países donde más se violan los derechos de las personas detenidas.
Y comentó que, en el caso particular del penal transitorio de Punta Coco, “nadie sabe qué pasa allá dentro, porque ni a mí que soy presidente de la Comisión por los Derechos de los Privados de Libertad se me permite ingresar a esa cárcel”.
Plazo
Luego de que Panamá fue notificado sobre este tema ayer, la OEA espera para las próximas horas el traslado de los 6 detenidos, y concede un periodo de 15 días para recibir un informe sobre la adopción de medidas cautelares urgente para salvaguardar la vida de estas personas.
También exige una “investigación de inmediato a fin de deslindar las responsabilidades que puedan surgir de estas violaciones a los Derechos Humanos” en Panamá.