En una iniciativa común presentada en París, los ministros de Interior de Francia, Bernard Cazeneuve, y Alemania, Thomas de Maizière, subrayaron que "todos los operadores, sean proveedores de acceso a internet o de comunicaciones electrónicas, deben estar sujetos a las mismas obligaciones en la cooperación judicial".
Para eso, pidieron a la Comisión Europea que "estudie la posibilidad de un acto legislativo" que, en caso de materializarse, permitiría imponer obligaciones a los operadores no cooperativos para, en particular, "retirar contenidos ilícitos o descodificar mensajes exclusivamente en el marco de investigaciones judiciales".
Cazeneuve puntualizó que no se trata de cuestionar la codificación de comunicaciones de aplicaciones como Telegram o Whatsapp, que permite garantizar la seguridad de su contenido, pero que en caso de que haya un procedimiento judicial deben poder "ser identificadas y utilizadas como elementos de prueba" por los policías y magistrados.
A ese mismo respecto, su intención es "armonizar las prácticas de los diferentes Estados miembros" sobre las demandas a los operadores para retirar contenidos de propaganda terrorista.
Francia y Alemania quieren que se refuerce la Unidad Referente de Internet que desde hace un año está operativa en el seno de Europol, dirigida por un policía francés, y que ha permitido la supresión de 10 mil contenidos que incitaban al terrorismo o al odio.
Registro europeo
También para contribuir a la seguridad en el espacio Schengen, los dos ministros indicaron que para garantizar la libre circulación hace falta, cuando la situación lo requiera, restablecer controles fronterizos y eso exige "un instrumento jurídico" que permita su restablecimiento con "modalidades más flexibles y mejor adaptadas a la amenaza terrorista".
Para la futura agencia europea de agentes de fronteras y guardacostas, indicaron su intención de que de aquí a finales de año se organice un ejercicio de "simulación de crisis" en las fronteras exteriores para poner a prueba su eficacia y la rapidez en el despliegue.
París y Berlín han prometido que pondrán 170 y 225 agentes para un contingente que debe componerse en total de 1,500 y que tendrá que desplegarse en cinco días en caso de crisis.
Se trabaja para que los países de la UE lo pongan en marcha lo más rápido posible.