Una demanda de nulidad en contra de la resolución de gabinete de agosto de 2016 publicada en Gaceta Oficial, en la cual se aprueba aumento, ajustes o aplicación de nuevas tarifas en el tramo del Corredor Sur fue presentada en el día de ayer por el abogado Víctor Martínez.
Martínez destacó que está demanda presentada en la Sala Tercer de la Corte Suprema de Justicia, la interpuso luego de recibir un poder que le dio la Cámara Provincial de Transporte de Panamá que preside Rafael Reyes.
Añadió que está resolución viola la Ley 6 de 2002, la cual exige que todas las instituciones del Estado tienen la obligación de hacer la consulta ciudadana para hacer ese tipo de ajuste.
Resaltó que en la consulta que la hace la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia (Antai) al Procurador de la Administración Rigoberto González este le responde que había que hacer la consulta ciudadana para hacer este ajuste y la misma no se realizó, lo que representa una violación por omisión a la Ley 6 de 2002.
Por su parte, Rafael Reyes, dirigente del transporte selectivo destacó que hay temor de que así como se realizó este ajuste sin consulta, no descartan que mañana puedan amanecer con otro nueva garita de cobro en el Corredor Sur.