La medida antitranque implementada por este gobierno fue tomada y decidida verbalmente y no mediante una ley, por ello el abogado Víctor Martínez demandará al Estado.
Martínez presentará la demanda hoy ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de esta medida cuya finalidad es mitigar el congestionamiento vehicular desde el sector de Arraiján hasta el puente de Las Américas en horario matutino (5:00 a.m. a 7:00 a.m.) y vestpertino (5:00 p.m a 7:00 p.m.).
Explicó que es violatoria al artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que fue aprobado en Panamá por una ley en 1977 y el artículo 12.1 del pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 27 de la República de Panamá.
"La medida no fue consultada a los moradores de esas áreas que ahora se ven afectados porque se sienten atrapados", expresó el jurista. (LEA TAMBIEN: Inversión de carriles afecta a quienes viajan al contrario )
El abogado recordó que para otorgar el libre tránsito en los corredores Norte y Sur se tomó la decisión en el Consejo de Gabinete, todo lo contrario con la inversión de carriles.
"Independientemente que sea una medida temporal tú no puedes cuartar el derecho de libre tránsito", señaló.En esta primera semana de implementación de la medida, Esperanza Mena, representante de los usuarios del transporte público, coincidió con Martínez y dijo que no se puede resolver un caos haciendo otro caos y vulnerando los derechos fundamentales de la movilidad de los ciudadanos que residen despúes del puente de la Américas.Los sectores más afectados han sido: Veracruz, Arraiján cabecera, la barriada 7 de septiembre y Loma Cová.Edwin Loaiza, del transporte colectivo de Veracruz, catalogó la medida como 'inconsulta', porque no tomaron en cuenta a los residentes y transportistas. (LEA TAMBIÉN: Falta de planificación ha incidido en poca efectividad de medidas )Loaiza estima que en horas pico movilizan hacia la ciudad capital a más de 4,000 personas.