Para el exministro de Desarrollo Agropecuario, Guillermo Salazar, los acuerdos que se logran en el Diálogo Nacional por el Agro entre los productores y los representantes del Gobierno se deben respetar.
Salazar añadió que hay que resaltar que no todos los productores nacionales, sobre todo los del rubro arroz, son poseedores de instalaciones para preservar el resultado de su producción y 1,234 dependen de otros, como por ejemplo los molinos, comercializadores, etc.
Agregó que esta situación con el sector agrícola panameño, también ha afectado al sector bancario, porque ningún banquero va a prestarle a un productor sino sabe cual será el resultado después de la cosecha.
En cuanto al tema de las importaciones, Salazar destacó que en 1997 se presentó en Panamá un fuerte Fenómeno del Niño, lo que provocó en el caso especifico del arroz que se tuviera que importar este rubro para el consumo de casi 6 meses porque era necesario.
Indicó que eso demostró que planificadamente se pueden organizar las importaciones, sin hacerle daño a la libre oferta y demanda en el país.
Manifestó que en el caso concreto del arroz, se está importando pilado, lo que desplaza no solo a la producción nacional sino también a los industriales que pudieran procesarlo.
Resaltó que otra situación que afecta al agro, es que el órgano ejecutivo tiene toda la facultad de reducir aranceles a las importaciones, estimularla, etc.
Para Maximino Díaz, productor de Veraguas, lo que está pasando con el sector arrocero panameño podría ser catalogado como la "catástrofe del siglo".
"Es increíble que un gobierno que prometió acercarse al sector agro, apoyarlo e impulsar al productor nacional se haya convertido en el mayor importador de arroz blanco pilado, que es lo más dramático de todo, sin saber a ciencia cierta, cuánto arroz hay en el país y de cuánto va a ser la producción nacional", dijo Díaz.
Díaz manifestó que como productores, ellos se han preparado para esto, "porque tenemos un gobierno que por norma es incapaz", por lo que no se esperaba otra cosa.
Los productores sostienen que el Gobierno miente al decir que se ahorran 30 millones de dólares al comprar este grano en Guyana y en otros países.