La construcción del puerto Corozal, impulsada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), es objeto de tantos cuestionamientos que la situación ha trascendido a la conformación de una asociación de residentes de Diablo, Albrook, Cárdenas y Balboa con los Sindicato de los Trabajadores No Profesionales del Canal de Panamá y abogados, formando así la Comisión Corozal, que no se opone al proyecto, pero busca que se plantee de una manera que no afecte a nadie.
Tristán Santander, abogado y presidente de la Comisión Corozal, señaló que debe constituirse una mesa técnica a nivel nacional, para discutir y establecer como se hará el proyecto portuario.
Destacó que no se oponen a la construcción de un puerto en el Pacífico, lo que plantean es que se debe hacer un estudio más profundo y así no perjudicar a nadie.
"No podemos hacer un plan que sólo incluya los intereses de las empresas y no del país", manifestó.
Añadió que se debe reformar el artículo 325 de la Constitución, para que se establezca claramente que cualquier proyecto o propuesta de construcción relacionados con el Canal y la ampliación debe ser responsabilidad no sólo de la ACP, sino también del Estado.
