Panamá se apresta desde este lunes a ser evaluada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en medio de un ambiente turbio en donde se cuestiona la transparencia del sistema financiero y a la poca supervisión del mismo, ante los casos de corrupción que se han ventilado en los últimos meses, según indican los expertos.
Desde el año pasado, el país está en la mira de organismos internacionales con la revelación de los papeles de Panamá que demuestran la creación de empresas Offshore y acusaciones de evasión de impuestos.
Los expertos indican que todos los escándalos de corrupción han afectado la imagen reputacional del país y del sistema financiero.
Ante las repercusiones que tendría esto en la evaluación de Gafilat, el economista Augusto García señaló que si solo se toma en cuenta durante la evaluación, el cumplimiento del Gobierno de las exigencias y normativas dadas por Gafilat, entonces no se vería afectado el resultado final, sin embargo, si evalúan en general la situación del país, podría tener un efecto negativo.
“Hay un ambiente inadecuado o turbio para esta evaluación, que podría afectar en la medida en que estamos diciendo una cosa, pero en la práctica ocurren cosas distintas en cuanto a las expectativas que se crean de la transparencia al sistema bancario en Panamá”, afirmó.
En el 2014 el país fue incluido en la lista gris del Gafi por considerarlo no cooperador y un país fácil para el lavado de dinero, sin embargo, salió en el 2016 y ahora se realizará una nueva evaluación en medio de varios escándalos que involucran al sistema financiero.
García sostiene que aunque existan bancos que no esten involucrados, crece un ambiente general de que el sistema no es confiable o no es transparente y no se esta regulando adecuadamente por las autoridades.
La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, una entidad gubernamental adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó esta semana la Estrategia Nacional para la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación armas de destrucción masiva.
Entre las prioridades estratégicas contenidas en el documento están aquellas que tienen por objetivo la coordinación entre instituciones involucradas en la prevención, detección y represión y la toma de decisiones y desarrollo de políticas relacionadas a las actividades ilícitas.
La Estrategia contiene cinco pilares para su ejecución: los transversales, institucionales, prevención, detección e inteligencia y las de investigación y justicia penal.