Varela sanciona ley de contrataciones públicas, con mora de tres años

Con una mora de tres años, el presidente Juan Carlos Varela sancionó este viernes la dilatada Ley de Contrataciones Públicas, la cual pretende una mayor transparencia en el sistema de contrataciones del Estado.

Se trata del proyecto N° 305 que reforma la Ley 22 del 2006, que regula la Contratación Pública en Panamá, y busca también hacer más eficientes los procesos de compras.

Aprobación tardía

A finales de abril de 2016, el pleno de la Asamblea Nacional aprobaba en tercer debate el Proyecto de Ley que modificaba el Texto Único de la Ley 22.

Llama la atención que para ese entonces, la diputada independiente Ana Matilde Gómez señalaba que Panamá no aguantaba “un día más con las licitaciones abreviadas” y lamentaba la demora en hacer entrar en vigencia las modificaciones a las nuevas leyes de contratación pública.

Pero el presidente Varela vetó de manera parcial aquella iniciativa legislativa, señalando ocho objeciones en relación a lo aprobado por los diputados de la Asamblea Nacional.

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Ahora, entre las principales modificaciones figuran la eliminación de la licitación abreviada, mayor control en los procesos de “llave en mano”, establecer un tope en las adendas, limitar el uso de pagos anticipados, entre otros.

Para el economista Augusto García, la demora en la aprobación de la normativa empaña un poco esa decisión, ya que debió hacerse anteriormente para evitar el ambiente existente.

“Si bien hay un paso importante hacia una mayor transparencia, hacen falta algunos elementos como es el caso de contratación de empresas que hayan tenido actos de corrupción”. Explicó a Panamá América el economista.

Nueva ley de Contrataciones Públicas fue sancionada por el presidente @JC_Varela #NotiRPCRadio pic.twitter.com/X2IONI0JwO
— Rpc Radio (@rpc_radio) 29 de septiembre de 2017

Beneficios

El mandatario Varela no se refirió hoy a la demora en sancionar esta nueva ley. Lo que sí destacó es que, además de promover la transparencia en el manejo de contratos, protege los intereses económicos y financieros del Estado.

También dijo que se promueve una mayor participación de proveedores, empresas, personas naturales y jurídicas en las licitaciones públicas.

De acuerdo a lo plasmado en la nueva ley, las empresas que tengan algún interés en realizar contratos con el Estado tendrían la posibilidad de competir en igualdad de condiciones.

Una de ellas tenía que ver con la adquisición de medicamentos, insumos y equipos médicos.

Según un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado, la ley sancionada también permitirá “velar porque se garantice la mejor calidad” de los trabajos hechos por las empresas que contraten con el Gobierno. “Todo ello sin que se entorpezca o dilate la ejecución de los proyectos públicos”, aseguró la Presidencia.