Varias organizaciones que aglutina a magistrados, jueces y defensores públicos del Órgano Judicial exigieron respeto a la decisiones de quienes imparten justicia y separación de poderes del Estado.
La Asociación Panameña de Magistrados y Jueces (ASPAMAJ), la Asociación de Magistradas y Juezas del Órgano Judicial de Panamá (AMAJUP) y la Asociación Nacional de Defensores Públicios (ANDEP), se manifestaron frente a las críticas del Ministerio Público y la ciudadanía por la negación de la juez Lania Batista, de otorgar una prórroga para seguir investigando el caso Odebrecht.
Magistrados y jueces demandaron respeto al principio de separación de poderes. De igual forma exigieron respeto a las decisiones judiciales, sobre todo si estas son objeto de recursos y podrían ser reformadas o revocadas.
Agregaron que la tarea de estos funcionarios es "servir de árbitro a las contiendas que se suscitan por el mero hecho de vivir en sociedad y que la supervivencia del Estado de derecho se fundamenta en el apego a la ley".
Por su parte, la Asociación de Ejecutivos de Empresa (Apede) reclamó que la Procuraduría “ha cometido errores y omisiones que han contribuido de manera especial a llevarnos a la situación que la propia procuradora ha denunciado”.
Mientras que el jurista Miguel Antonio Bernal, manifestó que gran parte de la culpa es atribuida a la procuradora general, Kenia Porcell, al hacer declaraciones sin sustento sobre los casos que investiga.
“En este caso de Odebrecht ha habido demasiado tiempo para que el Ministerio Público realizara las investigaciones, y no hay razón para que la Procuraduría no haya hecho el trabajo”, señaló.
Por último, el Colegio Nacional de Abogados (CNA), mostró su rechazo a cualquier tipo de acción o declaración que pueda comprometer la autoridad constitucional dada a las decisiones emitidas por el Órgano Judicial, pues esto resta credibilidad a las autoridades judiciales, máxime cuando existen mecanismos legales para atacar estas decisiones que no se encuentran en firme.