¡Corte magistrado!

Desde hace varias semanas se ha venido señalando que el presidente de la República habría de anunciar a la faz nacional los nombres de las personas a quienes nominaría como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También se sabe que son tres los magistrados que tiene que designar. Dos de ellos habrán de reemplazar al magistrado Jerónimo Mejía y el otro, al magistrado Oydén Ortega. Al otro magistrado que tiene que designar, en calidad de magistrado titular, es el de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo que, luego de la salida del magistrado titular, quedó como magistrado suplente el magistrado Abel Augusto Zamorano. Sin embargo, los meses, semanas y días han transcurrido y, a la fecha, no disponemos de nombre alguno. El Colegio Nacional de Abogados, cosa que me parece interesante, abrió un compás para que todo aquel, que llenando los requisitos, presentara sus documentos y su interés para ser magistrado de la Corte. Luego, esa lista le ha sido presentada al Ejecutivo. Reitero, dicha iniciativa merece nuestras congratulaciones. Cabe que nos preguntemos ¿por qué tanta demora o silencio del Ejecutivo en dar a conocer los nombres? Mi pensamiento es que, simplemente, no se dan a conocer los nombres para que no sean sometidos al análisis, juicios y críticas de la opinión pública, esto es, que el pueblo pueda opinar sobre esas designaciones y, al mismo tiempo, que se produzca una especie de ponderación u objeciones respecto a las ejecutorias de tal o cual profesional del derecho. Pero existen otros planteamientos, pues hay quienes son del criterio que si no se han dado a conocer los nombres es porque, simple y sencillamente, el presidente de la República todavía no dispone, con certeza o seguridad, de quién o quiénes serán los nominados.

Como es casi costumbre y usual, suenan los nombres de algunos profesionales en los medios de comunicación y que son calificados como los "ungidos"; sin embargo, experiencias pasadas demuestran que los llamados de ese modo terminan siendo descalificados o tal vez nunca fueron tales. No perdamos de vista que el señor presidente, en más de una ocasión, ha señalado que hará uso de su facultad constitucional y que como es conocido, es él quien los designa, pero tampoco es menos cierto que diversas organizaciones, llamadas de la sociedad civil, así como el pueblo panameño tiene el incuestionable derecho de sugerir y por qué no decirlo, también hasta de exigir profesionales probos, consagrados al derecho, juristas o jurisconsultos, autores de obras y que se conozcan, a nivel de la sociedad panameña, como hombres cuyos criterios o pensamiento jurídico, ya desde la tribuna o desde el litigio, haya sido siempre el más objetivo, independientes, con un concepto real de una justicia social y no como profesionales ambivalentes, zigzagueantes, plagados de incertidumbres o cuyas opiniones y criterios legales cuando lo expresan lo hacen para congraciarse con el poder político o para satisfacer intereses de determinados sectores; que sean juristas consagrados al servicio del derecho y de la justicia; que crean, firmemente, convincentemente, que el conocimiento jurídico es una herramienta al servicio de la justicia y de la equidad y no para satisfacer, graciosamente, a los resortes del poder. Importante es, en ese orden de ideas, entender que la nación entera exige, hoy más que nunca, magistrados probos, transparentes, honestos, íntegros, humildes, sencillos, no amantes del dinero y del placer, no entregados a los placeres que dan los bacanales; hombres o mujeres que sientan y vivan la justicia y que están matrimoniados con el derecho, pero que también tengan una concepción filosófica del derecho y de esa justicia, siempre en servicio de las grandes mayorías sociales de la patria.

Es muy peligroso para la nación, enquistar como magistrados de la patria a los amigos del poder. Esto es realmente indecente, vulgar y fuera de toda proporción de razonabilidad. Hay que pensar en una filosofía propia del Estado de derecho.

Debe irse pensando en que el Sistema Judicial ha colapsado y, en consecuencia, demandamos nuevas instituciones para la judicialidad panameña, pues mientras esto no ocurra no acabarán las justas críticas que se vienen dando. Que la justicia actual, como administración, acredita agotamiento, cansancio e incapacidad en lo que toca a tiempo, esfuerzo y dedicación para poder administrarles justicia en diversas materias a los más de 3 millones de habitantes que tiene esta pequeña República.

Finalmente, expreso que ojalá el presidente de la República pueda tomar nota de estas bien intencionadas y sinceras críticas y cumpla con una de las tantas promesas de campaña consistente en darle al país magistrados acreditados para servirle a la nación y no al poder. Que sean elegidos los mejores; los de los de experiencia, los competentes, los del conocimiento y los que en cada campo o especialidad de la materia jurídica, en la Corte, puedan hablar con autoridad académica.

Abogado