El exdirector del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia Jaén, decidió entregar al Estado los bienes que este, había obtenido por medio de su trabajo en la empresa privada.
Esto, según un comunicado de prensa, presentado por su abogado Víctor Orobio y que fue leído públicamente por el jurista y remitido a la sede de las fiscalías anticorrupción, ubicadas en el edificio Avesa.
Guardia Jaén escribió que tomó ese rumbo a raíz del descontento ciudadano, que se generó en todo el país, tras la orden adoptada por el juez Leslie Loaiza de entregarle varios bienes que permanecen aprehendidos por el Ministerio Público.
"He decidido conforme a mi íntima convicción y voluntad, poner a disposición del Ministerio Público, los bienes y cuentas bancarias desaprendidos para que conforme al adecuado procedimiento, sean comisados e ingresen al patrimonio del Estado", se lee en la nota firmada por Jaén.
El exfuncionario expresó que se siente arrepentido y pidió disculpas a las ciudadanía por querer reclamar bienes que obtuvo a través de negocios privados y que, dice el documento, no fueron adquiridos siendo servidor público.
"Mis más sinceras disculpas al país por lo que generó lo que consideré era mi derecho intentar recuperar lo que pude obtener con mi esfuerzo personal y laboral durante todos los años de trabajo fuera del gobierno".
Aunque la carta no especifica qué tipo de bienes son los que se ponen a disposición de las autoridades, se especula que se trata de dos apartamentos, una mansión en Costa del Este, tres autos costosos y varias cuentas bancarias.
Hace una semana, el juez Leslie Loiza, del Juzgado Decimoquinto Penal, validó un acuerdo de pena entre la Fiscalía Anticorrupción de Descarga y el exdirector del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN) de 60 meses de prisión por el caso de compra de granos.
Además de la pena impuesta, el exdirector del PAN deberá regresar 30 millones de dólares al Estado, entre bienes y dinero.
Su abogado, Víctor Orobio, comentó que el juez Loaiza dijo que la fiscalía no pudo probar la ilegalidad de bienes devueltos a Guardia.