Panamá, ¿régimen fiscal dañino?
Todos los 28 países de la Unión Europea (UE), enarbolando su bandera de lucha contra la "competencia fiscal perjudicial" decretaron el 5 de diciembre 2017 que Panamá es un régimen fiscal dañino y lo incluyeron en su lista negra de paraísos fiscales. Esta medida, para presionar a Panamá a que desmantele su economía de servicios, considerada por ellos como competencia fiscal nociva, pone en peligro nuestras futuras inversiones directas extranjeras y la instalación aquí de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM); amenaza nuestras zonas francas y especiales (Zonas Libres de Colón y Panamá Pacífico, Ciudad del Saber); además hace probable la pérdida de nuestras corresponsalías bancarias, al elevar el riesgo de hacer negocio con nuestro centro financiero, entre otras graves consecuencias para la economía terciaria panameña.
¿Por qué Panamá es un régimen fiscal dañino para la UE? Históricamente, el entorno económico globalizado iniciado en la década de 1980 permitió con su libre circulación de capitales, una pérdida de recaudación global de impuestos y fuga de capitales europeos, inadmisible para las autoridades fiscales de UE porque se daban en jurisdicciones fuera de sus costas ("offshore"). Por eso, en 1998, la UE y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) diseñaron un plan de medidas correctivas para controlar esa pérdida de impuestos y eliminar la competencia fiscal perniciosa (los mal llamados "paraísos fiscales"), pero solo los localizados fuera de sus fronteras. No así dentro de su territorio donde existen dos polos geopolíticos financieros, Londres y Zúrich (incluye Luxemburgo, Liechtenstein, Bélgica y Holanda) que aglomeran sus propios paraísos fiscales generalmente localizados en sus excolonias, pero clasificados como "competencia fiscal sana" por UE. Panamá no forma parte de ninguno de estos dos polos europeos, supuestamente por no contar con estándares aceptables de transparencia e intercambio de información fiscal, a pesar de ser signatario de la Convención Multilateral de Asistencia Mutua (MAC) y múltiples convenios bilaterales de intercambio automático de información financiera; su adhesión al proyecto BEPS de la Ocde para controlar la fiscalidad empresarial, incluyendo rentas generadas por empresas dedicadas a la explotación de intangibles y propiedad intelectual, conjuntamente con su Estándar de Reporte Común (CRS) que promueve la transparencia financiera; y de haber aprobado leyes para adecuarse a estos nuevos compromisos y normativas de UE y Ocde.
El plan para eliminar esta supuesta competencia fiscal dañina que merma la recaudación de impuestos de los Estados miembros de UE consta de varias etapas, pero es indefinido en su duración y está en constante ampliación, pues ya transciende la fiscalidad empresarial europea para abordar en Panamá nuestra estructura económica basada en el sector de servicios.
Este gobierno, como todos los anteriores, ha decidido adoptar un catálogo cada vez mayor de medidas destinadas a desmantelar esa base de servicios económicos (comercio, finanzas, SEM, centros de llamadas, formación de compañías, etc.), que aporta más del 75% del producto interno bruto (PIB) panameño, para contrarrestar su fama internacional notoria de paraíso fiscal (el "reputation test" de UE/OCDE) dando más que lo que le piden para emblanquecer su negritud.
Economista y exdiplomático.