Corte Suprema de Justicia: ¡corten!

Recientemente, el hermano del señor presidente de la República, en réplica al diputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González, expresó, palabras más, palabras menos, que si a este partido político se le ofrecía una magistratura en la Corte, gustosamente aceptaban y dejarían toda esa oposición y repulsa manifestada en contra de las dos recientes designaciones hechas por el Ejecutivo para ocupar dos puestos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Me llamó la atención lo que hay detrás de esas expresiones, y sin mayor rigor de análisis jurídico, centrándome en esas declaraciones, he llegado a las siguientes conclusiones: 1. La clase política, la partidista, ve a la Corte Suprema de Justicia como un especial centro de atención de poder y dominio político. La lógica aparente es esta: Ningún gobierno puede gobernar "bien" sin tener a una Corte inclinada a sus formas de ejercer el gobierno. 2. Los magistrados se designan como consecuencia de un acuerdo de voluntades: por una parte la del nominador o ente gubernamental y, por la otra, la de la persona designada quien entiende o habrá de entender que su designación o cargo de magistrado se debe a la clase política. A veces de quien está detrás de la denominación. 3. Que ese acuerdo o pacto, eminentemente político y ausente de toda calificación jurídica positiva, involucra a otros entes, no menos políticos: partidos que avalan la designación y sectores privados que la secundan del mismo modo. 4. Que el designado como magistrado o magistrada sabe perfectamente que su designación no ha sido por ejecutorias o méritos, sino por amiguismos o referencias de un círculo de poder. Lo llaman "círculo cero". Mal nombre. Todos sabemos que el cero "per se" no vale nada. Cero valor. Debieron llamarlo, en todo caso, tan solamente "El Círculo" para denotar que es una figura geométrica hermética, cerrada y punto, nadie más entra, solo los que están adentro. 5. El designado o nombrado también sabe, no lo ignora, que tendrá que pagar favores, sobre todo de aquellos que en el proceso de su ratificación a cambio del voto o apoyo le exigirán "cosas". Lo mismo tendrá que hacer con todos aquellos que sirvieron como aspavientos abanicando la defensa de esas denominaciones. 6. La existencia, en nuestro medio, de periodos electorales cada 5 años, entre tanto que los magistrados se nombran por 10 años, indica una contradicción que burla la misma institucionalidad judicial del país y permite que los gobernantes hagan de la Corte lo que les plazca, por lo que cada gobierno, que nombra magistrados, se cree dueño de la judicialidad. Gobierno que tiene mayoría de magistrados -5 hacen esa mayoría- tiene control absoluto de las grandes decisiones que se tomen en materia, sobre todo, civil, penal y constitucional. 7. Esto conlleva a decir, del mismo modo, que la Corte en Panamá pierde toda autonomía para dirigir, proyectar, realizar sus propias decisiones. 8. Como el sistema de designaciones es perversamente político, ello manda un mensaje expreso de desánimos y desalientos a la clase judicial y profesional del país: Solo si se tiene el aval político y el bautizo del gobernante se puede considerar ser magistrado de la Corte Suprema. 9. No pocos llamados voceros de la sociedad civil se autoengañan, perversamente ejecutan su propio aniquilamiento. Consciente o inconscientemente forman parte del juego y por ello no aportan nada serio y objetivo al debate, quedándose en el debate de la "cosa". Ejemplo: De nada vale decir que fulana o zutana no son aptas, por la razón que fuere, para ser magistradas de la Corte y, dicho de esta manera, se queda en una impugnación propia del argumento "ad hominen" –subjetivo-, mandándole al gobernante el mensaje equivocado que si designa a otras u otros –al final de cuentas en su propio interés político, ya todo se remedia. No, por allí no debe ir la crítica.

La cuestión debe enmendarse y plantearse de modo tal que los gobiernos entiendan que: a. Se requieren ciudadanos profesionales, juristas, jurisconsultos, serios, competentes, expertos, solventes moralmente, en esos puestos, al igual que en los demás de la administración pública. b. Que debe tomarse en cuenta al pueblo cuando ha expresado, hasta la saciedad, su rechazo total y absoluto a las designaciones. c. Que se tome en cuenta las ejecutorias de los abogados: cultos, probos, dedicados, apóstoles del derecho, objetivos, estudiosos, autores de libros, especialistas en el ramo. d. Que el sistema de designación de magistrados, la misma estructura de la Corte en sí, ya está viciado, totalmente desfasado, y no responde a los postulados de una institución que debe ser transparente, apolítica, independiente e imparcial.

Abogado