Designación de jueces de paz fue política
La designación de los 23 jueces de paz en el primer distrito judicial de Panamá fue una decisión eminentemente política, entre concejales y el alcalde, en la que se ratificó a un gran número de corregidores que ocuparon la antigua institución y personas vinculadas al Partido Panameñista. Un grupo de abogados, entre los que me incluyo, considera también que la designación se realizó bajo el mismo estilo perverso y distractor, del que se ha valido la clase política tradicional. En este caso, el anuncio fue hecho en víspera de la Navidad.
Cuestionamos también el hecho de que la Comisión Técnica Distrital que evaluó a los 60 convocados en el distrito de Panamá, invitó prácticamente durante las entrevistas de los candidatos, a que firmaran una declaración jurada en la que los aspirantes aceptaban ser jueces de paz en otros corregimientos distintos al de su domicilio.
Por la misma naturaleza de los conflictos vecinales que surgen en las comunidades, el juez de paz debe conocer el lenguaje y cultura de su corregimiento. Es por ello por lo que la Ley 16 de 17 de junio de 2016 previó en su artículo 16 numeral 6, que estos deberían residir preferiblemente en sus respectivos corregimientos durante los dos años anteriores a la postulación.
Tal exigencia era un requisito que se validó con una certificación de residencia emitida por el Tribunal Electoral. No obstante, la Comisión Técnica Distrital recomendó en su evaluación final, sorpresivamente ternas en las que una misma persona podía competir por el cargo de juez en varios corregimientos, cuando en la cultura de paz lo que se busca es a un líder de la misma comunidad.
Aunque al final, sus recomendaciones muy poco importaron para los concejales y el alcalde, pues no se respetó el puntaje, la certificación del lugar de residencia del aspirante, ni mucho menos su idoneidad ética.
En cuanto a la designación propiamente como tal, estimamos que al final lo que se dio fue una especie de pacto de no agresión por conveniencias políticas entre concejales y alcalde. Por ello se designaron a varios jueces de paz que en otrora ocuparon el cargo de corregidor. Algunos de ellos, por cierto, muy cuestionados por actos de corrupción.
Lamentamos que esta jurisdicción especial, tan importante para la convivencia pacífica de la comunidad, se haya visto empañada por el tráfico de influencias, el amiguismo, la falta de transparencia y la politiquería partidista, lo cual es un mal precedente que sienta el burgomaestre con aspiraciones presidenciales, quien se comprometió en una televisora a honrar la evaluación de la Comisión Técnica Distrital.
¿Cómo quedará ahora la independencia y la idoneidad ética del juez de paz? Estas son algunas de las interrogantes que nos hacemos en un país tan convulsionado por la violencia doméstica, la corrupción y donde, además, hay una fuerte resistencia en erradicar el clientelismo político.
El autor es abogado y fue postulado como juez de paz por el corregimiento de Río Abajo.