La decisión de la canciller panameña Isabel Saint Malo, de enviar la opinión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre el matrimonio igualitario a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Nacional de Diputados, ha generado polémica en el país.
Aunque la ministra de relaciones exteriores no ha confirmado que el Gobierno de Panamá está a favor del matrimonio igualitario, su postura de aceptar que lo dicho por la (Corte IDH) es vinculante a Panamá, es vista como a favor de dichas uniones.
Sobre el tema, el diputado panameñista José Antonio Domínguez fue enfático. Según él, cada persona tiene derecho a unirse sentimentalmente con quien quiera, pero señaló que aprobar los matrimonios gay, sería un retroceso de la humanidad.
"Es una aberración, no es natural, el hombre y la mujer fueron creados para emparejarse entre ellos. Eso pone en peligro la raza humana. No existe manera de que una peraja de hombres o de mujeres se puedan reproducir", expresó Domínguez.
Al mismo tiempo manifestó que es respetuoso de las preferencias sexuales de las personas y que sí consdiera que estas tienen que establecer un mecanismo legal para reclamar sus derechos civiles.
A juicio del jurista Ernesto Cedeño, las declaraciones de Saint Malo sobre lo dicho por la Corte IDH son claras y consideradas como una imposición, más que una recomendación.
"El gobierno le hace bullyng a la Corte por el tema del matrimonio igualitario. Señores, respetuosamente les digo que el mismo, va en contra del orden público en Panamá. Por lo tanto, no tiene cabida en nuestro suelo, permitan que la Corte falle en derecho".
En el supremo panameño reposan dos demandas de inconstitucionalidad, uno contra el artículo 26 del Código de la Familia que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
La otra querella es contra el artículo 35 de la Ley 61 de 2015 que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Por su parte, Ricardo Beteta, de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, aseguró que la Corte debe fallar en derecho ya que la Carta Magna habla de cónyuges y no de hombre y mujer.
De igual forma, comentó que la comunidad LGBT busca hacer una repartición de bienes a la hora de que dos personas del mismo sexo decidan terminar su relación o si una de las dos fallece.
Como rectora de las relaciones internacionales, compete a la @cancilleriaPma y a mí como Canciller comunicar decisiones de instancias internacionales a las instancias nacionales, para q lo valoren en el ámbito de su competencia a la luz de nuestra legislación. ISMA
— Isabel de Saint Malo (@IsabelStMalo) 17 de enero de 2018