La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó la creación de una "Comisión de Encuesta" para Venezuela, un procedimiento de investigación que se establece en casos en los que se tiene serios indicios de que un país está violando de forma grave y persistente convenios laborales.
La entidad ha recibido quejas relacionadas en concreto con presuntas violaciones de los convenios internacionales relativos a la fijación de salarios mínimos, libertad sindical y protección del derecho de sindicación, y consulta tripartita.
Una misión de esta misma organización debía viajar a finales del pasado enero a Venezuela para indagar sobre esas denuncias, planteadas por la patronal Fedecámaras, pero la visita se suspendió.
Ello debido a que el Gobierno venezolano no garantizó que la misión podía realizar todas las entrevistas que tenía planeadas, en particular con representantes de varios sindicatos y sectores sociales.
De la agenda de trabajo que la misión transmitió a las autoridades, estas le respondieron con una agenda modificada, que excluía a tres de los nueve sindicatos enumerados inicialmente, además de a todos los líderes sociales.
El Gobierno acusaba a las entidades sindicales y sociales excluidas de ser "partidistas" y de oponerse a sus políticas.