América Latina y la parafernalia de sus Gobiernos

Los ex profeso creados procesos penales no pueden convertirse, de ninguna manera, y como consecuencia o producto de las veleidades políticas, en instrumentos para el vituperio o la persecución en contra de los enemigos políticos. Las contiendas o las diferencias políticas, las desavenencias de la misma naturaleza, solo tienen como escenario para la solución de esos conflictos, necesariamente, el escenario político. Es decir, si el que está en el poder o los que gobiernan se valen como herramienta de atropello de un arma peligrosa y casi letal, como un proceso penal inventado, en contra de uno o varios ciudadanos, ese que tal cosa hace, simple y sencillamente, se comporta como dictador o autócrata, pero jamás como gobernante o como un auténtico estadista. Hemos venido advirtiendo que la clase política gobernante, cuestión que de manera solapada pudo verse en la época de los militares cuando gobernaron este país, ha hecho uso de los seudo procesos penales como su principal arma de ataque. Con mucha frecuencia, en lo que va de quinquenio del gobierno actual, los hechos dan muestra indubitable de una justicia penal selectiva que trata mal a los enemigos del poder, a los críticos, pero a los aliados o amiguitos les da un trato preferente y hasta consolador, remunerado en prebendas, regalías, licitaciones, etc. Todo ello se traduce en una asombrosa parafernalia en el estado de cosas que, de manera directa, cierto, afecta a los ciudadanos y ciudadanas víctimas de la persecución jurídica penal en contra de ellos, pero también directamente se ve afectado, golpeado, menoscabado o dañado el Estado en sí mismo, en su estabilidad social. También se impacta, negativamente, el sosiego doméstico en la población, las instituciones que sustentan al Estado de derecho son severamente golpeadas y qué decir de las instituciones propias de la democracia porque cuando un gobierno se dedica a pisar o atropellar a los ciudadanos, ese gobierno pierde el objetivo primordial, se distorsiona la tarea fundamental para la cual es gobierno y que no es otra que administrar la cosa pública, administrar los bienes jurídicos de los ciudadanos.

Cuando se gobierna, sin duda alguna, se gobierna para toda la población. Un gobierno no tiene título de propiedad de nadie o de sectores económicos o empresariales o de cualquier otra naturaleza, sino que su gestión de gobierno está encaminada por el bienestar de las grandes mayorías. Mientras mejor gobierna, más simpatía y respaldo popular tiene el Gobierno. ¡Cuánto más el líder o cabeza de ese gobierno¡ Tampoco un gobierno puede dejarse atrapar o quedar atrapado por esos sectores o personas de poder. Eso deprava la democracia y hace que los gobernantes pierdan todo vestigio o indicio de credibilidad por parte de los habitantes. Hace un par de semanas, escribí que el Gobierno aún podía lanzar o establecer puentes con los sectores sociales. Al parecer, mi columna no fue leída, o si lo fue, ninguna importancia tuvo en las mentes de quienes asesoran al presidente. Siguen las divisiones, se acentúa la persecución y la economía del país, aun cuando las estadísticas indiquen otra cosa –supuesto desarrollo y progreso social–, lo que se percibe en el país, lo que se capta y palpa por parte de los habitantes, es un estado deplorable y una muy mala situación de la economía. Mala cosa, moribunda estrategia, es pretender gobernar de espaldas al pueblo. No olvidemos aquella proverbial frase de Abraham Lincoln: "Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo".

En conclusión, precisamos ordenar la casa. Todo se presenta como caótico y desordenado. Se requiere ejercicio de autoridad, pero autoridad sin decencia ni honestidad, no es más que una burda réplica de la transparencia. Transparencia en la gestión de gobierno sin ecuanimidad es nido de aves de rapiña, cadalso para las almas impías, desierto donde germina la inseguridad ciudadana, la pobreza y el desaliento social.

Al pueblo se le habla con denuedo y gallardía, no con bravuconadas y ofensas que traducen menosprecio o que son indicativas de que en Panamá, la brecha entre ricos y pobres, con acentuado incremento de las riquezas de quienes siempre han tenido y quieren más, sigue siendo la nota de la discordia social. No se puede usurpar el derecho de los pueblos al desarrollo y progreso social e individual de las personas. Ese es delito de mucha envergadura.

Abogado