Morosos, evasores, corruptos y acumuladores por desposesión
La seguridad social constituye un derecho humano. Así lo establece el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), según el cual "toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social." De manera más explícita la Declaración Americana de los Derechos Humanos (1948) establece en su artículo 16 que "toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, a la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener medios de subsistencia". Se trata, desafortunadamente, de un derecho humano que en nuestro país es violado por los sectores empresariales.
La morosidad, es decir, la no entrega de las cuotas obrero - patronales a la Caja de Seguro Social (CSS) por parte de los empleadores, constituye una evidente vulneración de los derechos humanos de sus trabajadores. La magnitud de este fenómeno, de acuerdo con cifras oficiales, alcanzaba hacia septiembre de 2017 la suma de$ 388.0 millones, producto del incumplimiento de la ley por parte de 44,000 empresarios.
A lo anterior se debe sumar la evasión, que se da por el simple hecho de que los empleadores simplemente no declaran a sus trabajadores a la CSS, evitando así la entrega de las cuotas correspondientes. Este problema, a diferencia de lo que argumentan los sectores económicamente dominantes, no se observa únicamente en las empresas informales. Por el contrario, de acuerdo con cifras oficiales, en agosto de 2017 existían en el país 105,890 trabajadores no agrícolas que se clasificaron como trabajadores informales de las empresas formales, dado que no se les entregó un contrato de trabajo por escrito ni se les reportó a la CSS.
La evasión, la que constituye una forma de corrupción, se hace muy profunda cuando está acompañada por la retención indebida de las cuotas aportadas por el trabajador, es decir, cuando las mismas se le descuentan, pero no se entregan a la CSS. A esto se debería añadir que la evasión ha tomado su condición más extrema de corrupción en el reciente caso de abuso del Sistema de Ingresos y Prestaciones de la CSS, el que, de acuerdo con cálculos preliminares, permitió a un grupo de empresas robarles $ 300 millones a los asegurados.
No conformes con todo esto, los sectores económicamente dominantes planean un nuevo golpe contra la seguridad social solidaria. Este se busca concretar con la división de la CSS en dos organismos diferentes, uno de salud y otro de finanzas. El primero permitiría potenciar el negocio privado de la salud, el segundo permitiría al capital financiero manipular y lucrar de las reservas financieras de la CSS, que en septiembre de 2017 alcanzó a $ 6,955.66 millones. Solo, para dar un ejemplo, si las capitalizadoras privadas cobraran lo mismo que en Chile por el manejo de los fondos de la seguridad social estarían captando cerca de $ 82.7 millones anuales.
Salvar la seguridad social solidaria significa, a fin de cuentas, ponerla a salvo de los intereses de la clase económicamente dominante.
Economista