La sociedad civil y los nuevos magistrados de la Corte
El mecanismo constitucional de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha sufrido la erosión producida por el paso inexorable del tiempo y el necesario divorcio que ello produce en el texto constitucional de corte liberal-social, con los efectos dimanantes de la realidad, medio siglo después. En un contexto neoliberal individualista, en el que la transparencia, la rendición de cuentas, redes sociales y su efecto sobre la dinámica informativa ejercen presiones nunca vistas sobre los gobiernos, con tendencia incluso al Gobierno de corporaciones globalizadoras no elegidas mediante el voto electoral, que la designación de magistrados a la Corte Suprema continúe siendo una prerrogativa del Órgano Ejecutivo y ratificada por un Legislativo de costumbres dóciles, cuando no clientelares, ha provocado el repudio ciudadano y el intento de mediatizar la pauta constitucional absolutista.
La respuesta que el gobierno de Martín Torrijos produjo a los esfuerzos ciudadanos por incidir en los temas de la administración de justicia fue el denominado Pacto de Estado por la Justicia, siendo uno de sus aspectos vitales, el sometimiento de los aspirantes a magistrados a una consulta ciudadana o de la llamada "sociedad civil". El concepto de "sociedad civil" no constituye ninguna novedad y ha sido tratado por Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel y Marx con diversas connotaciones, pero no fue hasta Gramsci en los Cuadernos de la Cárcel, que se asignó el término a las organizaciones de la superestructura que no forman parte directa del aparato estatal.
Es así que el Colegio Nacional de Abogados, la Asociación Nacional de Enfermeras, las Iglesias y otros organismos de naturaleza social, deportiva y otros, conforman la denominada sociedad civil, pero nuestras débiles naciones latinoamericanas han sido invadidas por entidades "ad-hoc" que se erigen en representantes de la sociedad civil.
Obligatoria surge la pregunta relativa a si el elenco de organismos del Pacto de Estado por la Justicia se corresponden todos con la sociedad civil y en tiempos en los que se habla de limitar en forma taxativa la reelección a cualquier puesto de elección, sería procedente cuestionar los periodos sempiternos de algunos representantes de organismos de la sociedad civil.
Al margen de la diferencia que el liberalismo extremo ha introducido entre Estado y sociedad civil, lo cierto es que Estado, Gobierno y sociedad civil forman parte de la denominada superestructura jurídica, mediante la cual se articulan relaciones sociales.
En el ideario gramsciano, la sociedad civil se erigía como el escenario de la guerra cultural en pos de la hegemonía, que hacía a un grupo detentar el poder social, antes de asumir el Gobierno y no meros entrevistadores de aspirantes.
Abogado