Dispensa fiscal y administración pública
Elemental regla o norma de administración, base de la buena economía, que impera en el manejo económico personal, familiar o social, incluso del propio Estado, es que no se gaste más de lo que se tiene o, de otra forma, no se puede gastar más de lo que se genera o gana. Es imprescindible que los compromisos que se adquieran o hayan adquirido y los que se vayan adquiriendo, del mismo modo, estén adoptados o celebrados sobre la base del buen manejo de los recursos del Estado, es decir, que siempre se tenga presente que administrando la cosa pública, el erario o dinero patrimonio de todo el pueblo panameño, no se hagan contratos, licitaciones, etc., más allá de lo que las arcas del Estado puedan autorizarlos y sin dejar de vista que siempre debe mantenerse un fondo o ahorro cierto y potable para cualquier contingencia. De allí que vemos con suma preocupación que el Gobierno Nacional, hace pocos días, haya planteado ante la faz nacional, por conducto del representante del Ejecutivo, que solicitaran una dispensa fiscal ante la Asamblea Nacional de Diputados. Para el día martes de esta semana, el máximo jerarca del Ministerio de Economía y Finanzas sustentó y defendió la dispensa fiscal y declaró a los medios de comunicación que con ella se busca poder cumplir y terminar obras ya contraídas por el Gobierno como las concernientes al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. No obstante, las declaraciones del ministro entran en franca y manifiesta antinomia con las dadas por el propio presidente que ya había proclamado el sábado 2 de junio de este año que la dispensa fiscal perseguía hacerles frente a las megaobras que no han iniciado, como lo son la tercera línea del Metro de Panamá, el cuarto puente sobre el Canal y la ampliación del anillo hidráulico en Panamá Este.
Entre tanto, el monarca de la economía panameña refiere que la dispensa fiscal en el orden de los 300 millones de dólares es para la conclusión de obras ya iniciadas, el presidente habla que serán invertidos en megaproyectos no iniciados como los ya referidos. Evidente contradicción. Pero no perdamos de vista que también se dijo que dicha suma de dinero era necesaria para reactivar la ya maltrecha economía y generar fuentes de trabajo para un enorme sector de la población que, en poco tiempo, pasaría a incrementar los porcentajes de los desempleados. Y que la culpa del déficit fiscal que se presenta en Panamá la tenían, palabras del presidente Varela, si mal no entendí, los trabajadores de la construcción que irresponsablemente habían hecho una huelga sin medir las consecuencias de ella. En lo personal, confieso que no asimilo dicho argumento.
No, las cosas no son así. Son los arrastres de una mala administración gubernamental, los contratos y licitaciones con sus adendas irresponsables, el nulo o ausente comportamiento exigido a un buen padre de familia en la administración del dinero del pueblo panameño, entre otras cosas, las que han venido propiciando y produciendo el caos económico, el descalabro mercantil, la agonía crematística, el desbande administrativo, que ya nos grita en nuestros propios rostros que las cosas no andan bien en nuestro amado país. Nada de agoreros, menos de desear el mal para el país, en nada vaticinadores de un apocalipsis nacional como lo dijera el mandatario Varela respecto a quienes criticamos el estado de cosas; por el contrario, amantes de nuestra patria, de nuestra gente, deseamos lo mejor para el país, para todos los panameños, sin exclusión de nadie; que el progreso y el desarrollo social arrope a todos por igual, en igualdad de derechos y de oportunidades.
En otro orden de ideas, no creo que una inyección de $300 millones levante ninguna economía. Se requiere algo más que eso para que no se produzcan los déficits fiscales que estamos observando: se requieren gobiernos que administren responsablemente los bienes y el dinero del pueblo panameño; que no contraten ni liciten fría y hasta despiadadamente en aras de poder exhibir obras ante el país y muchas de las cuales no es cierto que sean en beneficio directo o exclusivo del pueblo; gobiernos que inviertan en la educación, en la enseñanza de nuestros jóvenes y niños; gobiernos que califiquen por su solvencia moral y ética y no como aquellos que, magistralmente, se describen en el famoso tango Cambalache.
Abogado.