Gobierno de la educación superior: menos magnificencia y más ciencia
Este año, los universitarios latinoamericanos celebramos el centenario de la Reforma de Córdoba, el aporte más importante de América Latina al modelo de las universidades en Occidente.
Este aporte, como los más trascendentes gestados en Nuestra América, tiene una dosis muy alta de política.
Nuestra realidad social característica -el ser la región del mundo con mayores asimetrías- hace que las luchas políticas fijen la dinámica principal de todo lo nuestro.
La Reforma de Córdoba de 1918 se centró en una reivindicación básica: la reafirmación de la autonomía universitaria, en su doble dimensión de afirmación de la libertad académica y la democracia universitaria (entendida esta como autogobierno universitario con amplia participación estudiantil).
Aquel reclamo se generalizó al sur del río Grande, donde las universidades públicas eran mayoría y ejercían una indudable hegemonía cultural.
En Panamá, donde por entonces no existía aún una universidad, aquel reclamo ayudó a abrirle camino y a perfilarla.
La clarinada reformista caló entre los estudiantes y docentes, y de hecho, el Frente de Reforma Universitaria fue más que un nombre entre grupos que así las promovieron en el seno de la primigenia universidad, cuyo primer modelo fue bastante elitista.
De Córdoba derivan no pocas directrices universitarias de la etapa torrijista y de las que advinieron luego en las legislaciones de las otras universidades públicas.
En general, el tema del gobierno universitario se debate entre un modelo de elecciones directas para seleccionar a las altas autoridades, y el de una operatoria de consejos, cuya composición e integración es muy variable, como muy variables son sus competencias y resultados en las cinco universidades públicas que en Panamá tenemos.
Es un hecho que la filosofía democrática pregonada en el ideario del Manifiesto de Córdoba para el gobierno de las universidades públicas degeneró en torneos electoreros.
Igualmente el presidencialismo de nuestro sistema político crea su correlato en gestiones centradas en la figura rectoral y en el manejo corporativista de sus órganos superiores.
Presidencialismo y mesianismo de culturas políticas propias de democracias enclenques que están en las antípodas de una cultura académica genuina.
Cómo alcanzar un sistema de elección y gobierno que sea democrático y probadamente participativo, al par que eficiente, es un reto que ninguna universidad pública panameña ha logrado materializar con éxito.
Esto por falencias internas así como por injerencia inveterada del Estado, la lógica mercantilista y el juegavivo que parece gobernarlo todo en nuestro país.
Los medios electrónicos y una conducta de austeridad, autocontención, ética y transparencia pueden aligerar las campañas universitarias y restringir el acto electoral a unos mínimos que impidan la réplica vergonzosa de las campañas electoreras y su danza de dineros.
Deberían ser las nuestras, unas realizadas en un periodo breve, suficiente para divulgar y debatir propuestas de desarrollo universitario.
Se usaría voto electrónico para elegir al unísono rector, vicerrectores y decanos, con afijación proporcional de voto de docentes, estudiantes y administrativos; y con controles muy estrictos en uso de espacios y recursos.
El resto de los altos directivos serían previamente escogidos a través de concurso meritocrático, de manera que solo se eligieran de manera directa las máximas autoridades y estas a su vez, solo pudieran designar solo sus secretarias personales.
El resto serían funcionarios de carrera, promovidos por ejecutorias y desempeño.
En correlato, debe elaborarse un único plan estratégico prospectivo de todo el sistema de educación superior pública –que estructure y engarce cada programa de desarrollo de cada universidad- y que igualmente dimensione un presupuesto global cónsono para el conjunto de universidades y lo distribuya entre ellas con criterios y variables predefinidas de manera quinquenal.
No menos del 2% del PIB nacional debería ser invertido en educación terciaria pública.
En general, adoptar en todo nuestro quehacer la austeridad por norma.
Menos magnificencia y más ciencia en la rectoría y en el gobierno de todo el sistema deberá ser la consigna.
Economista/Consultor y docente universitario.