Dilatan discusión sobre venta de cigarrillos

En pie de guerra se encuentran organizaciones de la Coalición Panameña contra el Tabaquismo (Copacet) que exigen que este mes de agosto finalmente se dé la discusión de un proyecto de ley en contra del tabaco.

Se trata del proyecto de ley 136, que lleva 4 años en diferentes etapas de consultas y correcciones en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, sin que se cumpla con la dilatada promesa de iniciar su discusión en primer debate.

Entre otros puntos, esta iniciativa legislativa pide que sea obligatorio el "empaquetado genérico" para las cajetillas de cigarrillos que se venden en el comercio local.

 

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Es decir, que todas sean de un tono café, mostrando únicamente la marca del producto, junto al pictograma, que ya es obligatorio, o figuras que buscan alertar y disminuir el deseo de fumar.

Según Nélida Gligo, presidenta de la Coalición Panameña contra el Tabaquismo, pese a las prohibiciones que imperan en el país sobre este tema, las tabacaleras aún incluyen en las cajetillas de cigarrillos "logos y mensajes subliminales para fomentar el deseo de fumar en los jóvenes".

 

Según la dirigente de Copacet, esto viola el vigente Decreto 611, que prohíbe totalmente la publicidad de productos derivados del tabaco.

Si Panamá aprueba el empaquetado genérico para cigarrillos, también llamado empaquetado simple, se sumaría a países que ya lo exigen, como Australia, Canadá o Inglaterra.

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Pero, ¿a qué se debe la demora en abordar este tema? ¿Enfrenta la Asamblea presiones comerciales para aplicar más prohibiciones?

"El proyecto tiene que ver con el negocio del cigarrillo, y posiblemente las tabacaleras están una vez más tratando de que se atrase su discusión", indicó a Panamá América Nélida Gligo, quien advirtió sobre acciones de protestas si no se aborda en agosto.

 

Claves

Efecto mundial: 7.2 millones de personas en todo el mundo mueren cada año por consumo del tabaco.

Panamá: En el país, las muertes por esta causa suman 1,090 al año. Y aunque las tabacaleras pagan impuestos por $29 millones, el Estado gasta más de $200 millones en atención médica por esta causa.


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