En dos semanas la ciudadanía podrá conocer qué fue lo que sucedió en la cárcel La Joyita, tras una reyerta en la que se reportó la muerte de unos 15 reos.
Ayer, el mandato del presidente Laurentino Cortizo fue claro en cuanto a la investigación; sin embargo, muchos apuntan a los miembros de la Policía Nacional (PN), custodios y directivos de las cárceles del país, como los posibles responsables de que armas de alto calibre sean introducidas a los diferentes penales y usadas por los privados de libertad.
Rubén Darío Paredes, general retirado, aseguró que para pasar armas del tamaño de las que se usaron en la reyerta de La Joyita tiene que hacerse con la complacencia de los miembros de la Policía Nacional y de los custodios, quienes están muy cerca de los delincuentes en el penal.
Esto tendría como denominador común el soborno o pago de altas sumas de dinero para poder introducir estas armas de alto calibre a las cárceles, agregó.
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Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados culpó directamente a la Policía Nacional de ser responsable del negocio criminal de las armas en las cárceles del país y cuestionaron que si dentro de las cárceles se maneja este armamento, cuál será el que tienen en los barrios, calles y áreas geográficas bajo su control.
Representantes de esta comisión aseguran que hay que hablar con esos muchachos, llegar a acuerdos de pena, acuerdo de colaboración y que digan quiénes son los policías y funcionarios que meten esas armas a las cárceles.
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También señaló que no descartan interponer futuras acciones de demanda contra el Estado por esta reyerta.
Separación e informe
La reyerta registrada en la cárcel La Joyita trajo como consecuencia que el presidente Laurentino Cortizo tomara la decisión de separar del cargo a Walter Hernández, director del Sistema Penitenciario; a Luis Gordón, subdirector, y a José Melamed, comisionado jefe de la seguridad externa del complejo La Joya.
También el mandatario ordenó separar del cargo al subcomisionado Ismael Argüelles, jefe de seguridad externa de La Joyita, y al cabo Rigoberto Pérez, que estaba de turno en el pabellón 14 el pasado martes cuando se dio el incidente.
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De forma enérgica, el mandatario indicó que luego de tener en sus manos el informe solicitado a Romero e identificar a los responsables de la introducción de este tipo de armas al penal, los mismos serán despedidos de sus cargos.
Al ser consultado sobre la posible destitución de los ministros Carlos Romero y Rolando Mirones, luego de lo sucedido, el gobernante indicó que eso dependerá de los resultados que arroje el informe solicitado.
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Cortizo reveló que entre las medidas que se tomarían para tratar de tener un mayor control de las cárceles del país, se tiene contemplada la creación de una policía penitenciaria, la cual sería la encargada de custodiar los diferentes centros penitenciarios.
Quienes formen parte de esta policía serían evaluados para conocer de dónde es su entorno familiar y quiénes son sus vecinos en la comunidad donde viven, esto para evitar que sean manipulados por parte de los reclusos.
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El mandatario anunció que para la próxima semana tiene contemplado presentar ante el Consejo de Gabinete un anteproyecto de ley, con la cual se estarían tomando nuevas medidas para tener un mayor control de las cárceles, entre ellas, la de trasladar el Sistema Penitenciario que está bajo el paraguas del Ministerio de Gobierno y Justicia, a órdenes del Ministerio de Seguridad Pública.
Hasta la tarde de ayer, algunos familiares de los fallecidos en esta reyerta en La Joyita no habían querido identificarlos en la Morgue Judicial de Ancón.
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15
personas perdieron la vida, luego de una reyerta en el centro penitenciario La Joyita.
8
fueron las armas decomisadas, después de una requisa en el pabellón 14 de este penal.