En los dos últimos meses se han producido cerca de 4,000 temblores en el sur de Puerto Rico lo que ha llevado a que muchos de sus ciudadanos emigren a Estados Unidos buscando una estabilidad que la incertidumbre les niega.
El alcalde de Guánica -uno de los municipios más afectados por los sismos-, Santos Seda, dijo que los ciudadanos están haciendo lo correcto al buscar ayuda en Estados Unidos, tras apuntar una cifra conservadora de mil residentes sólo en su territorio que optaron por emigrar. Seda, en declaraciones a medios locales, sostuvo que "han hecho lo correcto", ya que como aseguró buscan "su salud emocional".VEA TAMBIÉN Donald Trump recibe al opositor venezolano Juan Guaidó en la Casa Blanca
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"Nadie aguanta una bajada de población tan drástica y se trata además de municipios que sin la crisis de los terremotos ya sufrían pérdida de población", dijo, tras añadir que "va a ser drástico". El director del Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Caraballo, dijo que es normal la tendencia demográfica registrada al sentir la población que no contaba con el suficiente apoyo y entender que en Estados Unidos sí iba a encontrar ayuda. "Uno de los asuntos preocupantes es que el Censo de EE.UU. tiene que realizarse de forma inminente, pero al haberse ido la población esta no se verá reflejada, lo que supondrá un grave problema para los municipios, que al aparecer como despoblados perderán ayudas federales muy necesarias", advirtió Caraballo. Mientras, las críticas siguen surgiendo por quiénes denuncian que el Gobierno de Puerto Rico solamente ha utilizado $80 millones del Fondo de Emergencia de los $260 millones disponibles y que autorizó la Junta de Control Fiscal (JSF). La polémica sigue además abierta sobre cómo se gestionó la ayuda a los damnificados después de las denuncias de que el Ejecutivo, no se sabe bien el porqué, no repartió los víveres disponibles en un almacén de la ciudad de Ponce. La secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo, señaló sobre el asunto que podría demorarse hasta 3 años el saber qué pasó con la gestión de ese almacén, una tardanza que ha levantado polémica.
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