El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), expresó su preocupación por la aprobación al proyecto de ley 508 que regula la educación particular ya que representa una clara intervención del poder legislativo en asuntos que son de carácter privado entre las partes en función de la oferta y la demanda en un mercado de libre competencia.
"La compleja situación que se encuentra el país como resultado de una desaceleración en los años previos al 2020, y los efectos directos de la pandemia, que todavía estamos y no hemos podido superar consideramos simetrías económicas inexistentes, define porcentajes (%) de descuento de manera antojadiza sin conocer las estructuras de costos y gastos de los diferentes centros de educación particular", manifestó el gremio empresarial.
Afirmó que esta medida crearía un antecedente nefasto con la intervención en una relación de carácter privado entre las partes y violentando de manera específica la seguridad jurídica de la inversión privada componente significativo de la competitividad de un país.
El gremio empresarial resaltó que la intervención de un órgano del Estado en las políticas económicas de las empresas educativas, viola el Principio de la Libre Empresa, consagrado en el artículo 298 de la Constitución Política Nacional, el Principio de la Libertad Contractual contenido en el artículo 1106 del Código Civil, lo que delimita los actos de los ciudadanos particulares.
Ambas referencias de aprobarse este proyecto serían un detonante desfavorable para la inversión privada, no solo limitando la existente, sino también cerrando las puertas a la inversión privada local y extranjera futura, de todos conocidos como una de los elementos que nos puede ayudar a salir de la actual crisis en el país, añadió.
"Señor Presidente Laurentino Cortizo Cohen, trabajemos en equipo para salir adelante de esta crisis global, especialmente en el sector educativo nacional, para que no sea víctima de un proyecto cuyo debate no tomó en cuenta las observaciones de forma y fondo que se le señalaron al Proyecto de Ley. Este proyecto desde su origen se pudo interpretar como un conjunto de expectativas políticas y populistas, que se convertirían en un instrumento jurídico en extremo negativo para la educación particular", expresó el Conep.
Cifras del Ministerio de Educación (Meduca) detallan que, aproximadamente, 5 mil estudiantes han emigrado del sector privado al público, luego que a los padres de familia se les suspendiera el contrato laboral o quedaran cesantes por la crisis sanitaria.
En tanto, cifras de los gremios de colegios particulares detallan que hay 727 centros educativos en el país, unas 9 mil 400 aulas de clases, 23 mil 308 docentes, 700 docentes de inicial y aproximadamente 7 mil administrativos. Además, atienden una población de 160 mil 915 personas (niños y jóvenes).
En el 2020 los servicios de educación privada aportaron al producto interno bruto $416 millones.
El gremio empresarial resaltó que la intervención de un órgano del Estado en las políticas económicas de las empresas educativas, viola el Principio de la Libre Empresa, consagrado en el artículo 298 de la Constitución Política Nacional, el Principio de la Libertad Contractual contenido en el artículo 1106 del Código Civil, lo que delimita los actos de los ciudadanos particulares.
"La compleja situación que se encuentra el país como resultado de una desaceleración en los años previos al 2020, y los efectos directos de la pandemia, que todavía estamos y no hemos podido superar consideramos simetrías económicas inexistentes, define porcentajes (%) de descuento de manera antojadiza sin conocer las estructuras de costos y gastos.