La Cámara Marítima de Panamá solicitó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, vetar el proyecto de Ley No. 94 que modifica la Ley 56 de 2008, General de Puertos de Panamá, a fin de mantener el desarrollo y posicionamiento del país a nivel internacional, que requiere de estabilidad jurídica para las inversiones.
De acuerdo con el gremio, el texto aprobado por el pleno no refleja lo consultado y acordado por todas las partes ni obedece a lo consensuado en las reuniones sostenidas esta semana en la Asamblea Nacional.
"En el proyecto se incorporó el artículo 75-A que establece un nuevo salario mínimo por hora para los trabajadores de las empresas concesionarias, contratistas y subcontratistas de puertos y terminales de transporte marítimo en todo el territorio nacional", indicó la Cámara Marítima de Panamá.
"Los salarios mínimos son regulados por el Código de Trabajo de la República de Panamá y revisados periódicamente, por lo que es insólito e inaceptable que se pretenda imponer mediante leyes paralelas modificaciones a los salarios vigentes, lo que representa una distorsión al ordenamiento jurídico nacional", agregó el gremio.
Acotó que para la industria marítima nacional, representada por el gremio, es una prioridad el bienestar de los trabajadores portuarios, sin embargo, esta intromisión en el desarrollo de la libre empresa establece fueros y privilegios que ponen en riesgo los más de 10 mil empleos directos e indirectos de trabajadores de los puertos de Panamá.
Los puertos en Panamá han hecho que la actividad logística sea de mucha importancia, convirtiéndose en una de las principales industrias que mueve la economía panameña.
El Sistema Portuario de Panamá está conformado por 41 puertos, de los cuales 22 son administrados por la Autoridad Marítima de Panamá a través de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, fundamentalmente puertos pequeños que dan servicio al transporte internacional y de cabotaje.
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Los restantes 19 puertos son administrados y operados por empresas privadas que desarrollan sus actividades bajo la fiscalización de esta Dirección General, a través de las capitanías de puertos ubicadas en el Atlántico y en el Pacífico.
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