La primera parte del paquete de cambios a las normas electorales está listo, luego de que el viernes fuera sancionada la Ley 232, que regula la Fiscalía General Electoral.
Esta norma fue presentada por el presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, el pasado 10 de febrero, en conjunto con las reformas al Código Electoral y el proyecto que reconfigura los circuitos, cuya discusión será más profunda y se espera que se de en esta legislatura.
Araúz, en su exposición de motivos, explicó que la nueva ley viene a unificar un grupo de leyes y decretos que se encontraban dispersos acerca de las funciones de la fiscalía electoral.
"Destaca la implementación del Sistema Penal Acusatorio ajustado a la jurisdicción electoral en los tres distritos judiciales y la organización de las oficinas de capacitación, igualdad de oportunidades y género que se encuentran adscritas a la Oficina Institucional de Recursos Humanos", sostuvo el magistrado en la exposición de motivos de la nueva norma.
Por lo demás, el periodo por el cual es nombrado el fiscal electoral se mantiene en 10 años y quien ocupe el cargo deberá reunir los mismos requisitos que se exigen para magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Además, se crea una carrera para los funcionarios de la fiscalía.
Por otra parte, cada distrito jurisdiccional tendrá un fiscal adjunto de atención primaria, y los fiscales de juicio y de investigación y seguimiento de causa que sean necesarios.
A su vez, habrá un fiscal de cumplimiento, con sede en la ciudad de Panamá.
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Durante la discusión de la ley, la única discrepancia surgida fue que el fiscal electoral contará con derecho a voto en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, aunque solamente para asuntos relacionados con sus funciones.
Esto no fue bien visto por integrantes de dicha comisión, que lo consideran una maniobra política que traerá mayor desbalance en una instancia en la que ya los sectores civiles se encuentran en desventaja.
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27
de abril fue cuando se aprobó en tercer debate el proyecto en la Asamblea Nacional.
35
años de edad, como mínimo, se requieren para aspirar a ser fiscal general electoral.