La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio por concluido y archivó el caso de 270 trabajadores que fueron destituidos injustificadamente durante el gobierno de Guillermo Endara Galimany (1989-94).
Según el organismo de derechos humanos, Panamá cumplió con ejecutar las reparaciones ordenadas en la sentencia a favor de los trabajadores, dictada el 2 de febrero de 2001.
El fallo contra el Estado instruía el pago de salarios caídos y otros derechos laborales a los demandantes.
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Además, ordenaba su reintegro o que fueran indemnizados si no se procedía en tal forma, y el pago de otra cantidad de dinero en concepto de daños morales.
La Corte valoró "muy positivamente", los esfuerzos adicionales realizados por Panamá, fundamentalmente entre los años 2015 y 2020, para pagar a la seguridad social 120 cuotas obrero-patronales relativas a las 270 víctimas, correspondientes al período comprendido entre diciembre de 1990 y enero de 2001.
Esto les dio la oportunidad de jubilarse.
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