En un "buzón de problemas que todo el mundo conocía", se convirtió el Pacto Bicentenario Cerrando Brechas, el cual aterrizó, según analistas consultados, en la misma necesidad de contar con una nueva Constitución.
Y es que muchas de las propuestas que resultaron de la consulta nacional, al final requieren de cambios a la Carta Magna, advirtió el abogado Ernesto Cedeño.
"Ahora le ha vuelto el bumerán (al Gobierno) en ese Pacto Bicentenario por puntos específicos que como Ejecutivo van a tener que ver qué hacer, pero ya no lo pueden eludir", expresó.
Precisamente, el diálogo nacional, que duró un año, fue la propuesta del presidente Laurentino Cortizo, luego que fallaran las intenciones del Gobierno de reformar la Constitución de 1972, debido a protestas populares, escenificadas a finales de octubre e inicios de noviembre de 2019.
Richard Morales, experto en ciencias políticas, considera que el pacto ha servido para dilatar las luchas políticas concretas por convertir esas exigencias en realidad.
"Queda claro que las grandes transformaciones que requiere la sociedad panameña, pasan por una Asamblea Constituyente Originaria y que meros cambios legales e institucionales no se darán abasto", planteó.
Entre otras ideas, se propuso crear un título constitucional especial para constituir los recursos hídricos, una reforma constitucional que fortalezca la institucionalidad democrática del país, en especial los principios de separación de los poderes del Estado y otra en la que se redefinan aspectos esenciales como los fueros, privilegios e inmunidades que gozan ciertos funcionarios públicos.
Ante las propuestas, Cedeño sugiere al Ejecutivo que promueva los cambios constitucionales.
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"El Ejecutivo la convoca, solo requiere la mayoría absoluta de la Asamblea y ya la tiene, así que no debe tener ni un problema", sostuvo Cedeño.
Por su parte, Morales vislumbra que este Gobierno no va a tener interés de regresar a gestionar un proceso de reforma constitucional, por lo que le corresponderá al pueblo ejercer presión ciudadana.
"Sin presión popular, el Gobierno no va a convocar una constituyente, sino que va a seguir tratando de imponer los cambios cosméticos que les convenga", dijo Morales.
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La convocatoria a un proceso constituyente es polémica, a pesar que existen los mecanismos legales para realizarla.
Los últimos gobiernos que modificaron la Constitución fueron los de Moscoso y Torrijos, en 2004. Concluyó con 187 propuestas.