Varios artículos del proyecto de ley 475, que buscaba endurecer las penas contra abusos a animales domésticos fueron objetados por el presidente Laurentino Cortizo, quien objetó en forma parcial la propuesta de la diputada Zulay Rodríguez.
Este proyecto pretendía aumentar hasta cinco años, la pena de prisión contra aquellos que causen la muerte a animales domésticos.
El mandatario destaca en su veto que la propia ley 70 de 2012, carece de una adecuada distinción entre los animales domésticos considerados mascotas o de compañía, del resto, lo que conduciría la legislación penal y administrativa hacia una aplicación “descontrolada” de sanciones.
De igual forma, fue objetado por inconveniente el artículo 12 del proyecto, que buscaba modificar el artículo 421-B del Código Penal para castigar con penas de prisión de hasta tres años a aquellos que ocasionen lesiones a animales domésticos, mediante seis agravantes.
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Además, consideró que el artículo 7 que impone sanciones hasta de mil dólares por faltas establecidas en otros artículos del proyecto, contraviene artículo 32 de la Constitución, ya que pareciera que, por una misma causa administrativa, se podrían aplicar dos sanciones diferentes.
En su objeción parcial, Cortizo cree conveniente diferenciar, como han hecho otras naciones, los conceptos de animales domésticos de compañía (mascotas), de aquellos utilizados para trabajos, deporte, investigación científica y producción, cuyos propósitos son distintos.
Incluso, la práctica de zoofilia o propiciarla, incluida en el artículo 5 del proyecto de ley, también fue objetado por inconveniente, debido a una cuestión de sintaxis.
En el proyecto, la zoofilia siempre que causara la muerte del animal, era una falta tratada por la justicia comunitaria de paz.
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