Aunque este año, con base en un fallo de la Corte Suprema de Justicia, los presupuestos solicitados por las entidades de la administración de justicia serán respetados por el Gobierno, no ocurrió lo mismo con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).
El brazo investigativo del sistema de justicia solicitó $62 millones para 2023, sin embargo, solo le reconocieron $52 millones, afectando principalmente el renglón de inversiones.
“Nosotros no tenemos fondos suficientes para poder invertir en nuevos locales, laboratorios y tampoco para mantenimiento”, sostuvo José Vicente Pachar, director del Imelcf.
La inversión en ciencia y tecnología se verá afectada con este recorte, debido a que Medicina Legal estaba fortaleciendo esta rama, incorporando nuevas líneas de investigación como acústica forense y veterinaria forense.
“De no invertirse en la ciencia, esto tiene como consecuencia que las investigaciones en la administración de justicia se vean afectadas”, dijo el funcionario.
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Entre inversiones física que podrían retrasarse se encuentra la nueva morgue judicial de La Chorrera, cuya construcción debe iniciar en enero del próximo año, con una inversión de 100 mil dólares.
Además, se incluyen mejoras a las morgues judiciales de Bocas del Toro, Aguadulce, Chiriquí y Panamá, y el equipamiento general de laboratorios.
El procurador general de la nación, Javier Caraballo, reaccionó ante el ajuste realizado al presupuesto de Medicina Legal, recordando que el Sistema Penal Acusatorio (SPA) requiere en estos momentos que se pase de la preminencia de la prueba testimonial a la preminencia de la prueba científica.
“Sin duda, dotar a Medicina Legal de los recursos necesarios es una condición sine qua non para tener una buena investigación de los procesos y una buena administración de justicia”, consideró el encargado del Ministerio Público.
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