EE.UU sanciona a ejecutivos colombianos que movilizan migrantes

Los Estados Unidos impuso restricciones de visado a ejecutivos de varias empresas colombianas de transporte que mueven migrantes por mar.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que estas empresas se aprovechan de migrantes irregulares en situación vulnerable prestándoles servicios diseñados principalmente para facilitar la migración irregular hacia el país norteamericano. 

Washington no detalló los nombres o la cantidad de personas afectadas por esta nueva medida, pero precisó que los sancionados son dueños de empresas que "ofrecen transportes marítimos que facilitan el movimiento irregular" de personas en el continente.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, señaló en un comunicado que las restricciones de los visados "envían una señal de que nadie debe aprovecharse de los migrantes en situación vulnerable: ni los contrabandistas, ni las empresas privadas ni los funcionarios públicos".

El funcionario agregó que esta medida se engloba en los esfuerzos de EE.UU., junto con países aliados en la región, contra quienes "explotan" la migración.

Colombia es un importante país de paso en las nuevas rutas migratorias hacia EE.UU. debido a su posición geográfica de puente entre sur y centroamérica y a que no exige visado a varias nacionalidades.

En el último año se ha popularizado una ruta a través de la isla caribeña de San Andrés, que es parte del territorio colombiano y está cerca a las costas de Nicaragua. En lanchas o embarcaciones clandestinas desde el archipiélago hasta el país centroamericano, los migrantes consiguen evitar la peligrosa selva del Darién, que divide Colombia de Panamá.

Este trayecto a través del mar Caribe ha puesto a cientos de migrantes en riesgo y de acuerdo con cifras de la Procuraduría colombiana, en 2023 se registraron más de 100 naufragios de personas de diferentes nacionalidades. 

Las acciones fueron tomadas en virtud de una política del Departamento de Estado anunciada en febrero de 2024, que amplió y reemplazó una política anterior para Nicaragua anunciada en noviembre de 2023 en virtud de la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

La anterior, aplicaba restricción de visas dirigida a personas que realizan vuelos chárter a Nicaragua, diseñada principalmente para inmigrantes irregulares. 

Las compañías de vuelos chárter ofrecían vuelos (y cobrando precios de extorsión) que colocaban a los migrantes en un peligroso camino terrestre hacia el norte, hacia la frontera con Estados Unidos.

La política apunta a altos funcionarios de empresas que brindan transporte por tierra, mar o vuelos chárter diseñados principalmente para ser utilizados por personas que tienen la intención de migrar irregularmente a Estados Unidos.

 

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