Deber de Panamá
En esta época de información globalizada, no es posible ocultar lo que acontece en los países. Se puede censurar a las cadenas internacionales de televisión, como la colombiana NTN, o negarle visa a los periodistas de CNN. Se puede controlar la televisión local y transmitir solamente discursos gubernamentales. Se puede reducir las importaciones de papel a los diarios. Pero la realidad se abre paso a través de las redes sociales. Así lo demuestran la resolución del Parlamento Europeo, la condena de los expertos de derechos humanos de la ONU y la resolución del Senado de Chile, sobre la represión descargada contra los estudiantes de Venezuela.
Así, mientras por las redes sociales, alimentadas por los miembros de la sociedad civil, se divulgan las imágenes de la violencia cotidiana por el mundo entero, muy poco pueden influir los organismos multilaterales con decisiones sesgadas de los acontecimientos.
La polarización ideológica de los Gobiernos en la OEA y en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), mediatiza la posibilidad de acuerdos razonables para el establecimiento del diálogo en una nación políticamente dividida.
En circunstancias conflictivas se fortalece el principio el compromiso ético del periodismo independiente consistente en suministrar a la aldea global, al mundo, la información que necesitan los ciudadanos para esclarecer las divergencias entre la verdad oficial y la real.
Los discursos políticos sobre conspiraciones se disuelven instantáneamente cuando los espectadores contemplan las imágenes de la televisión o leen directamente o por internet lo que acontece en cualquier rincón del planeta. Las redes sociales convierten a la gente en reporteros no tradicionales. La sociedad de la información diluye el control oficial de la realidad y moviliza conciencias críticas.
El discurso del embajador en la OEA, Arturo Vallarino, ha transmitido a la comunidad internacional las razones transparentes del planteamiento panameño sobre la situación venezolana. Por su lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Álvarez de Soto, ha subrayado las contradicciones de bulto de los que auspiciaron la intervención de la OEA en Honduras y Paraguay, pero ahora se oponen a lo mismo en defensa de las afinidades ideológicas. Pero no pueden coexistir una OEA aprovechada y una amarrada en función del cristal político con que los países ven la realidad.
Según el filósofo Raymond Aron, para que alguien tenga un derecho, es necesario que algún otro tenga un deber: el de respetar o de cumplir el derecho. Panamá ha cumplido su deber al estimular el diálogo en la OEA, basándose en su experiencia histórica como Estado soberano y en antecedentes que no pueden ignorarse.
Panamá ha salvado su honor de Estado independiente que actúa por principios y no por distorsiones políticas. En 1964, rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ejerciendo el derecho a la soberanía sobre la integridad de su territorio, defendida por un grupo sacrificado de estudiantes. Ahora hay quienes lanzan denuestos contra el imperialismo, pero venden petróleo ininterrumpidamente al imperio. La política exterior panameña no está subordinada al norte ni al Caribe. Ante esta realidad se estrella la diferencia entre los hechos y las palabras.