Lucha contra caza de ballenas

Greenpeace instó al Gobierno de Perú a que regularice su situación ante la Comisión Ballenera Internacional (CBI) con el fin de apoyar la prohibición de la cacería de los cetáceos en la próxima reunión anual del órgano regulador.
Una representante de Greenpeace, Aimee Leslie, explicó que la CBI decidirá en mayo de 2007, en Alaska, "la cantidad de ballenas que se permitirán cazar" a nivel mundial durante la próxima temporada y, en este sentido, el apoyo peruano "es necesario" porque dijo "cada voto cuenta".
La representante de Greenpeace subrayó que "Perú fue un miembro clave dentro del bloque latinoamericano en la CBI", pero que después "perdió su derecho a voto al dejar de cumplir con sus obligaciones económicas" en 2005.
Leslie dijo que la CBI (IWC, por sus siglas en inglés) aprobó este año por un solo voto la prohibición de la caza comercial de ballenas y que en 2007 se prevé que países que se oponen a la moratoria, especialmente Japón, intenten "ejercer más presión" e inclusive "comprar el apoyo de los países más pobres" a favor de su polémica causa.
Matizó que países latinoamericanos como Panamá tienen "una actitud conservacionista y votan a favor de la protección de los cetáceos", pero otros como Costa Rica y Perú han dejado de pagar sus cuotas a la CBI.
La CBI impuso hace 21 años una moratoria internacional para la caza comercial de ballenas, a las que se oponen países como Japón, Noruega e Islandia.
La representante de Greenpeace destacó que en las últimas décadas, gracias a la prohibición global, algunas especies han empezado a recuperarse lentamente y a poblar nuevamente los mares.
Y existe una tendencia entre la población de desechar los aparatos aunque funcionen, motivados principalmente por los avances tecnológicos o los nuevos modelos telefónicos.
La conferencia de Nairobi intenta reforzar las regulaciones para evitar este tipo de prácticas.
En particular, se revisarán las enmiendas a la Convención de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos, que refuerzan los controles sobre cargamentos y desechos de basuras electrónicas.
Más de 160 países son firmantes de la convención que regula el movimiento de desperdicios en todas sus formas y que entró en vigor en 1992.