La distribución del financiamiento público que otorga el Tribunal Electoral (TE) a los partidos políticos y candidatos independientes carece de un método para verificar la transparencia del uso de estos fondos, creando así inequidad al momento de repartirse los $69.8 millones que corresponden al quinquenio 2014-2019, coincidieron conocedores del tema.
El artículo 209 del Código Electoral establece “que la información de las contribuciones privadas que reciben los partidos políticos o candidatos será manejada de manera confidencial por el TE, limitando la entrega de información relativa a las personas investigadas o procesadas”.
En este sentido, el abogado y experto en contrataciones públicas Ernesto Cedeño expresó que resulta difícil comprobar un fraude por la administración de este recurso, ya que existe una restricción por parte del Código Electoral, a pesar de que la Constitución exige conocer en qué se invierte el dinero del Estado.
Cedeño manifestó que para evitar estos episodios sería necesario una modificación al Código, que incluya también un informe de las donaciones privadas que reciben los candidatos.
“Con la partidocracia que existe, resulta más complicado avalar una modificación de este tipo, pues hoy existe un hermetismo sobre el tema”, opinó.
No obstante, la tercera subsecretaria del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Doris Zapata, afirmó que la administración de este recurso pasa por una serie de auditorías del Tribunal, pues a pesar de ser reglamentados, no debe incurrirse en gastos sin antes haberse sustentado.
“Estamos en el periodo de capacitación con miras al proceso electoral del próximo 4 de mayo y como somos un partido con más de 500,000 adherentes, los fondos necesitan una buena administración. Trabajamos en base a los compromisos que tenemos en este momento”, explicó.
Sin embargo, para el analista de mercado Jaime Porcel, el adiestramiento que reciben los miembros de los partidos no produce los resultados que la sociedad espera.
“No veo para qué sirve. La sociedad quiere ver una actividad política más elevada y menos clientelismo”, aseveró.
En tanto, el analista político Edwin Cabrera señaló que la utilización de fondos ajenos a los que establece la Constitución, puede ocasionar que luego los políticos deban pagar favores a sus donadores.