Periodismo en crisis

Pocas veces en la historia latinoamericana los medios de comunicación confrontan una nueva diversidad de problemas que, en algunos casos, llegan a fronteras no previstas para su subsistencia como empresas. Tal es, por ejemplo, la situación de la prensa escrita de Venezuela que no cuenta con uno de sus insumos principales para su impresión, como es el papel, debido al sistema de control monetario estatal que bloquea la obtención de divisas para su importación. El Gobierno distribuye las divisas en función de parámetros económicos y políticos que no asigna a la importación de insumos industriales el rol que deben tener en la democracia pluralista.

Los periodistas venezolanos tienen la convicción de que el Gobierno propone la desaparición de los medios de comunicación privada, para que no pueda fiscalizarse su gestión y de esa manera insertar la tierra del Libertador Bolívar en un régimen en que el Estado domina y controla la información de la opinión pública.

Sin dólares para importar papel, los diarios dejarán de existir, lanzando a la desocupación a miles de periodistas, obreros gráficos y empleados administrativos. Solo subsistirán los diarios y estaciones de TV y radio adquiridos por adictos al Gobierno, bajo presiones que obligaron a vender a los propietarios originales.

En otros países, los Gobiernos se oponen a la presencia de periódicos y TV que se expresan en forma crítica, instrumentando con fines políticos la teoría de la concentración de medios. En Argentina se aprobó la ley que restringe la propiedad de medios de comunicación de sectores empresariales, como el Grupo Clarín, que califica la ley como un recurso gubernamental para frenar a los adversarios del régimen. En Perú, sobre el mismo tema se ha planteado la supuesta concentración de medios como una rivalidad de empresas periodísticas, pero la competitividad podría desnaturalizarse mediante una ley que aparente oponerse a la concentración de medios, pero que en el fondo puede desembocar en el debilitamiento del pluralismo democrático.

En otras naciones se penalizan como injurias las caricaturas que grafican imágenes desfavorables a las decisiones gubernamentales contra políticos opositores, imponiéndose multas a los diarios que las publican, además de exigir al caricaturista que se rectifique, algo sin precedentes en la historia de las caricaturas.

Todas estas formas de coacción a la libertad de prensa contrastan con la libertad de prensa que rige en Panamá, tal como lo establece la Constitución Política, en el sentido de que toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa, pero existen las responsabilidades legales cuando por algunos de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.

Sin embargo, el actual Gobierno soporta informaciones y opiniones que injurian y calumnian a personas e instituciones, difundiendo mentiras calumniosas con apariencia de veracidad, sin dignarse a rectificar tales informaciones al constatarse objetivamente su falsedad.

No obstante, no se han interpuesto recursos legales para sancionar a los infractores de actos deshonrosos, fijados en el Código Penal. La paradoja estriba en que los que reclaman la libertad informativa son los mismos que violan sañudamente los principios de la ética periodística.