Un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá y la Comisión Nacional contra la Trata de Personas reveló que el crimen organizado se ha enfocado en comprar niños recién nacidos a mujeres de comarcas indígenas para venderlos a parejas extranjeras.
Una vez en manos de los compradores, estos menores son sometidos a múltiples tipos de explotación, desde abusos sexuales, trabajos forzados y, en el peor de los casos, les extraen sus órganos sin consentimiento.
Este estudio desgrana de forma minuciosa cómo opera una de las maquinarias delincuenciales más peligrosas dentro de nuestro país y calificada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (UNODC), como el delito más rentable después del narcotráfico y el tráfico ilícito de armas.
El boletín detalló que existen, tanto criollos como extranjeros, que se dedican a ubicar a madres en estado de gestación en la comarca Ngäbe-Buglé o de zonas rurales y muy apartadas en la provincia de Coclé.
Como estas mujeres, por lo general sufren problemas económicos y de pobreza o pobreza extrema -y que además tienen entre 4 y 5 hijos (as)- sucumben ante la oferta económica de los tratantes. A cambio del dinero, las criaturas en sus vientres son conferidas a una pareja extranjera al momento de dar a luz. “Se les explica cómo han de registrarse en el hospital, a nombre de la mujer receptora del bebé, para que el registro del nacimiento se haga a nombre de esta”, indica el informe.
El documento explica además que esos alumbramientos ocurren en los centros médicos de esos sitios donde los controles de ingreso son pocos, e incluso en complicidad con los funcionarios de Salud.
Indicios
Amado Philip de Andrés, representante de la oficina regional de la ONU contra las drogas y el crimen en Panamá, comentó que las sospechas de estas modalidades que se estén dando están latentes; por lo tanto las autoridades no descartan absolutamente nada.
“Hay fuertes indicios de que el aumento de la demanda en el mercado negro de órganos pueda ser uno de los catalizadores que influye sobre los flujos de trata de personas”, declaró.
Nahaniel Murgas, de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, explicó que a pesar de que se han detectado redes o bandas de trata internacional de personas, no manejan información oficial sobre la compra de bébes o el tráfico de órganos de menores de edad producto de la trata.
“No tenemos ninguna investigación relacionada a esos aspectos. Desconocemos esos hechos”.
Sin embargo, Toribia Venado, viceministra de Asuntos Indígenas, aseguró que este fenómeno sí ocurre, y que mayormente sucede en las áreas fronterizas del país. “Las dos fronteras se prestan para esta anomalía. El año pasado se detectó en Bocas del Toro el tráfico de niños”, relató.
Al ser Panamá un país de tránsito nos hace vulnerables a estas situaciones, plantea el informe. Para la exprocuradora y expresidenta de la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (Conapredes), Ana Matilde Gómez, la alarma sobre el tráfico de personas y órganos literalmente viene desde el año 2005.
“En 2005 se dio la alerta de que Panamá estaba dejando de ser un destino turístico para convertirse en lugar de tráfico humano. Esto se dio porque las mismas características que nos hacen atractivos como puntos de inversión y desarrollo económico, son las mismas que nos hacen vulnerables para que personas de otras latitudes vengan o sean traídas hasta Panamá para ser explotadas o esclavizadas”.
Los mecanismos disponibles para combatir la trata de personas deben ir de la mano con la bonanza del país, aconsejó Gómez.
El tráfico o trata de niños o posible venta de sus órganos es contemplado como uno de los objetivos de la trata de personas, según el fiscal Murgas. En este sentido el Código Penal, en su artículo 206 aplica penas “de tres a seis años a quien entregue con fines o medios ilícitos a un niño, niña o adolescente a una persona que no sea su progenitor”.
El Ministerio Público no proporciona cifras de condenas por este delito, aunque se pudo conocer que en 2013 se iniciaron 10 investigaciones de oficio sobre trata de personas con fines sexuales y explotación laboral. Se trató de 7 mujeres colombianas y tres ciudadanos libaneses.
Rutas de miedo
El nexo entre la migración y la trata de personas también fue analizado en el informe de la ONU.
Allí se plantean varias rutas por donde ingresan los extranjeros, legales e ilegales, que al final son explotados de alguna forma en nuestro país.
Los chinos, cubanos, nicaragüenses y africanos son los que mayormente evaden los puestos de control apoyados por “coyotes”, utilizando rutas clandestinas.
“Están utilizando una ruta por lancha con llegada a la península de Azuero”, destaca el informe.