Investigación
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- El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que las fachadas de inteligencia
La Corte Constitucional de Colombia pidió al Gobierno, al Congreso y a la Fuerza Pública asumir responsabilidades en el caso de las supuestas escuchas ilegales de un sector del Ejército contra líderes de izquierda y el equipo negociador del Ejecutivo en los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, señaló en un comunicado que la Procuraduría (Ministerio Público y órgano de control disciplinario) y la Fiscalía deben iniciar y culminar "pronta y eficazmente las investigaciones en orden a cumplir y vigilar la garantía efectiva de las libertades ciudadanas".
La revista Semana reveló el martes que un grupo de militares, exmilitares y expertos en informática supuestamente espiaron desde una central clandestina de Bogotá a líderes de la izquierda y a los negociadores del Gobierno en el proceso de paz con las Farc.
Espiados
Entre los investigados gubernamentales están el jefe negociador, el exvicepresidente Humberto de la Calle; el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo; o el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Alejandro Eder.
La Corte recordó que como Colombia es un Estado Constitucional de Derecho "las atribuciones de las autoridades públicas deben ceñirse estrictamente a la Constitución y la ley, siendo responsables por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones".
Añadió que las actividades de inteligencia y contrainteligencia están definidas en la ley y que esa normatividad tiene por objeto poner fin a las interceptaciones ilegales y evitar que se vuelvan a presentar episodios que afectan derechos constitucionales como la intimidad, la seguridad y el buen nombre.
También se busca proteger el hábeas data, el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa, velando por el equilibrio entre los poderes públicos, entre otros asuntos.
En ningún caso la información debe ser recolectada, procesada o diseminada por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos, según la Corte Constitucional.
Tampoco se debe utilizar esa información para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o para afectar los derechos y garantías de la oposición.