Sombras en San Pedro

La petición de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que el Estado del Vaticano ponga a disposición de la justicia ordinaria a los sacerdotes imputados  de delitos sexuales contra menores de edad se constituye en el desafío más lacerante del papa Francisco y la institución que representa a la cristiandad.

Las primeras reacciones del Vaticano ante la demanda son de carácter preliminar y no reflejan una posición sólida y coherente. La ONU encargó a una comisión de expertos internacionales la investigación de informes  sobre los hechos abominables que los pone a cubierto haberlos escudriñado para desprestigiar a la Iglesia. Forman parte de un expediente elaborado sin juicios a priori, basados no solo en la verificación de los actos criminales, sino también, de los recursos judiciales y pagos a familiares de los menores de edad interpuestos para ocultarlos y burlar la acción de la justicia.

Las denuncias de las maniobras judiciales de autoridades eclesiásticas conllevarán esclarecimientos que pueden arrastrar a las autoridades vaticanas a funestas complicidades. El Código Procesal de Panamá establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Todo investigado por un delito o falta tiene derecho a guardar silencio y este derecho no puede ser considerado como una admisión de hechos ni como un indicio de culpabilidad en su contra.

Estos principios del debido proceso a las garantías constitucionales convierten al procesamiento de sacerdotes a la creación de una encrucijada  jurídica y una  teológica. Esta disyuntiva recae  sobre un pontífice como el actual que aspira a renovar la Iglesia, erradicando los elementos indeseables de corrupción interna.

Si Francisco, como otros pontífices, se limita a negar los abusos sexuales de sacerdotes contra niños y adolescentes se agrietaría la imagen que ha proyectado sobre otros temas reñidos con la ley del hombre y la de Dios. Hay quienes piensan que la denuncia de la ONU es una coyuntura inapreciable para que el papado elimine con el peso de la ley a los malos sacerdotes, no por una decisión institucional, sino como consecuencia de las leyes penales.

Si optara por el camino del saneamiento de la Iglesia por acción de procedimientos de la justicia penal, cumpliría con la aplicación de medidas disciplinarias y de corrección moral, que fortalecería la misión de la Iglesia católica como guía de la humanidad.

Quizás ha llegado el momento de revisar el juramento y la práctica del celibato sacerdotal. La abstinencia sexual de los sacerdotes católicos, sin duda, causa distorsiones que resulta insensato seguir ocultando. El movimiento reformista luterano, anglicano, evangelista, permite que los sacerdotes y pastores se casen, tengan una familia, sin sacrificar la integridad moral del mensaje evangélico.

El Eclesiastés dice “goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados bajo el sol”. El Vaticano, como Estado de la comunidad internacional, no puede exonerarse del cumplimiento de las leyes, mucho menos ante la transgresión de los derechos humanos de validez universal reconocidos por la ONU.

El mundo está pendiente de la resolución de este caso que pone frente a frente a la Iglesia y a la ONU, como nunca antes.