Una exclusión poco democrática

Hace apenas unos días se realizó un foro de candidatos presidenciales, el cual fue organizado por un conjunto de empresas con el fin de discutir los problemas económicos y sociales del país, así como sus  posibles soluciones alternativas. Habiendo recibido nuestra resolución para participar como candidato a la presidencia por la libre postulación, siendo, además, economista de profesión, con ejercicio de la docencia, la investigación y la evaluación de políticas públicas por más de cuarenta años, dábamos por descontado participar en dicho foro. Para nuestra sorpresa, apenas un día antes de la fecha del evento, se nos informó que la invitación que se nos había adelantado no era para participar como expositor, sino para hacerlo en calidad de escucha. Frente a esta situación, que de alguna manera resulta bizarra, es útil exteriorizar algunas preocupaciones y realizar algunas reflexiones.

CUALQUIER CONOCEDOR DE LAS CIENCIAS SOCIALES ENTIENDE QUE EL SIMPLE HECHO DE DESCALIFICAR MEDIÁTICAMENTE A UNA PERSONA COMO CANDIDATO, GENERA UNA TENDENCIA A QUE EL MISMO SIGA SIENDO VISTO COMO MINORÍA, POR LO QUE SE PUEDE DECIR QUE EL MÉTODO UTILIZADO EN EL CASO QUE NOS OCUPA PUEDE SER CALIFICADO COMO UNA INTERVENCIÓN ANTIDEMOCRÁTICA.

La excusa que se nos dio fue que solo podían participar quienes marcaban 4% o más en una determinada encuesta electoral, que dicho sea de paso fue auspiciada por su organización. Este requisito violado finalmente por los propios organizadores, resulta carente de valor por varios motivos.

En primer lugar, en la República de Panamá el único organismo que tiene legalmente la capacidad de decidir quiénes, de acuerdo con la Ley, tienen o no la calidad de candidatos a la presidencia de la República es el Tribunal Electoral. En estas condiciones, quienes alcanzan la postulación deberían ser tratados con equidad. Más aún, el Pacto Ético Electoral en el punto cuarto de los “Compromisos de los Medios de Comunicación Social” dice a la letra que estos medios de comunicación se obligan a “difundir las propuestas de cada partido político y de los candidatos partidarios y de libre postulación, de forma equitativa, como una contribución a la docencia ciudadana y a la emisión del voto informado”. En estas condiciones nadie, por más grande o poderoso que sea como grupo económico al que está vinculado, está en condiciones de suplantar legalmente al Tribunal Electoral y violar la ética contenida en el Pacto Electoral.

En segundo lugar, resulta en contra de todo criterio democrático discriminar a algún sector o persona por considerarlo como una minoría sin el derecho a voz. Se trata, desde luego, de una visión autoritaria que no cabe en un país donde existen variadas y diversas minorías. ¿Quién podría, por ejemplo, estar de acuerdo en que una minoría careciera del derecho a voz por el simple hecho de su origen nacional o étnico? Los derechos humanos no son una simple declaración formal. Estas, incluyendo el derecho a la libre expresión, son normas del más estricto cumplimiento para todos. En todo caso, la exclusión de los grupos minoritarios no resulta una práctica de quienes se suponen están comprometidos con la democracia, sino una forma típica de actuar de quienes de manera autoritaria defienden los intereses creados, coartando la libertad de expresión.

En tercer lugar, dado que el debate puede llevar a que las personas entiendan mejor la problemática y que de manera informada cambien su preferencia, no resulta conveniente utilizar un criterio estático para decidir quién participa o no en un determinado evento. Cualquier conocedor de las ciencias sociales entiende que el simple hecho de descalificar mediáticamente a una persona como candidato, genera una tendencia a que el mismo siga siendo visto como minoría, por lo que se puede decir que el método utilizado en el caso que nos ocupa puede ser calificado como una intervención antidemocrática. Sería útil que quienes tomaron la decisión le dieran una nueva lectura a las ideas de Keynes y  de George Soros a este respecto.

En cuarto lugar, el calendario electoral, ampliamente publicitado por el Tribunal Electoral,  mostraba claramente que se tendría la presencia de candidatos independientes, por lo que era previsible que los mismos estuvieran en propiedad al momento de realizarse el foro que venimos comentando. Se trataba, entonces de un evento sencillo de prever, que fácilmente se podía incluir en la programación.

En definitiva se trata de una situación que muestra una notable debilidad en la estructura misma de nuestro sistema electoral, el cual está diseñado para favorecer a los partidos capaces de movilizar masas importantes de recursos económicos, los que, por eso mismo, representan directamente los intereses de los sectores dominantes del país. Tanto el Pacto Ético Electoral como el propio Tribunal Electoral tienen la obligación de intervenir en este tipo de situación si es que la democracia debe avanzar en nuestro país.