Un seco salario

Por: Redacción 13/02/2014

La contumacia de la empresa de fabricación masiva de licores Varela Hermanos en incumplir el pago del salario mínimo a sus trabajadores pone al descubierto no solamente una violación constitucional sino, sobre todo, el desprecio a la clase trabajadora.
A pesar de las notificaciones del Ministerio de Trabajo, la empresa no se ha puesto a derecho, sin pagar la multa que se le ha impuesto por su transgresión a las normas constitucionales sobre salario mínimo.
Todas las empresas cumplen con el salario mínimo fijado por la Carta Política, excepto un puñado de ellas, como Varela Hermanos, según informa el Ministerio de Trabajo. La aplicación del salario mínimo no es una decisión discrecional de las empresas, sino una obligación irrevocable de carácter constitucional que impone multas y ocasiona descrédito ante los trabajadores.
En el mundo empresarial, todos conocen que la negociación del salario mínimo debe realizarse en forma directa entre la empresa privada y los gremios de trabajadores. Si fracasa el entendimiento de las partes, entonces interviene el Estado tal como establece la Constitución.
El gobierno de Ricardo Martinelli ha actuado en tres ocasiones en el tema del salario mínimo y las empresas y trabajadores así lo han aceptado. Por consiguiente, no tiene ninguna traza de injerencia política su intervención por constituir un deber constitucional ineludible. Sin embargo, la mayor parte de los gobiernos anteriores no lo hicieron, no obstante que se llenan la boca diciendo que defienden los intereses del pueblo.
Queda claro que para los Varela, el pueblo no es lo primero y que solo es un eslogan publicitario, un juego de palabras para incautos. Subsisten empresarios panameños que yacen en el oscurantismo de la Edad Media, que no salen del feudalismo laboral.
Para esta clase  de malos empresarios, el trabajador del campo y de la industria debe ganar salarios míseros y no admiten que se fije un salario mínimo aunque provengan del mandato de la ley, y la califican como una persecución política. Si dicha empresa tuviera una política salarial moderna compatible con la realidad económica del costo de vida, sería distinta la impresión que dejan los fabricantes de licores en la comunidad nacional.
Por otro lado, resulta extraño que los sindicatos que habitualmente perturban las calles, piquetean con banderolas de color rojo, no hayan expresado solidaridad con los trabajadores burlados. Han guardado silencio ante la elevación del salario mínimo más alto de la región. No hubo necesidad de paros, huelgas y acciones demagógicas callejeras para dictar una decisión sin precedentes. Ellos no tuvieron ni la flexibilidad ni la capacidad de raciocinio para usar argumentos convincentes ante los representantes de la empresa privada. El respeto a las leyes tiene más fuerza que las piedras y los bochinches.
Cumplir con lo que dice la Constitución Nacional de la República de Panamá sobre el salario mínimo fortalece el ordenamiento jurídico y refuerza la capacidad económica de los trabajadores ante los embates del costo de vida.