La energía de Barro Blanco será un 2% de la requerida en todo el país
- El proyecto Barro Blanco tiene un costo de 120 millones de dólares, según Genisa.
- Esta hidroeléctrica estará generando 140 GWH al año, lo que representará un 2% de la energía requerida en todo el país, o sea lo que consume la ciudad de Santiago de Veraguas o la de Chitré, en Herrera.
- El proyecto se aportará al Sistema de Interconectado Nacional (SIN), es el único que no cuenta con canal de aducción, y evita desviar las aguas del río Tabasará de donde las tomará para generar la energía.
- Tiene una presa de arco en hormigón de 425 metros de longitud y en la estructura se ubicará la casa de máquina donde estarán las turbinas hidráulicas que permitirán a los generadores producir la energía eléctrica.
- El embalse será de 240 hectáreas, servirá como área de reserva de agua para la presa.
- En esta construcción laboran 250 personas, 98% nacionales y de estos el 83% es mano de obra no calificada de Tolé y en la comarca Ngäbe-Buglé.
La empresa Generadora del Istmo (Genisa) anunció ayer que en mayo próximo procederá a efectuar el embalse de agua para el proyecto hidroeléctrico Barrio Blanco, con el fin de efectuar en ese mismo mes las primeras pruebas de generación eléctrica.
Este proyecto está ubicado en el distrito de Tolé, en la provincia de Chiriquí.
Wilfredo Arias, jefe socioambiental y de seguridad de la empresa Genisa, rechazó los señalamientos de la cacica Silvia Carrera, al explicar que el área donde se efectuará el embalse para la hidroeléctrica solo afectará a cinco propietarios en una extensión de 5.81 hectáreas que están en el área de incidencia, y no a una gran cantidad de indígenas.
En la actualidad, el tema de estas 5.8 hectáreas está en un proceso en la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), entidad que va a determinar a través de una gestión de campo cuál será el valor de la indemnización y de los bienes que haya en los terrenos donde llegará el embalse del proyecto, manifestó Arias.
Afirmó que las cinco familias propietarias de las hectáreas han sido identificadas por la Asep y solicitó a Genisa una consignación temporal que supera los 12,000 dólares como abono al avalúo que hará el perito de la Asep a las hectáreas, y será al momento de emitir la resolución que declara el proyecto de carácter urgente y de interés público, y establezca el costo definitivo.
Arias señaló que dentro del proceso de la Asep ya se les notificó a los propietarios de las tierras sobre el proceso que se mantiene en la actualidad.
También aclaró que no se trata de un desalojo y que el término se ha utilizado de manera incorrecta, porque la Asep y Genisa no están autorizados para efectuar desalojos.
Avalúo y notificación
Según Arias, una vez se termine el avalúo, se le notifica a la empresa sobre el compromiso económico que mantiene con los cinco propietarios y se les notificará a los propietarios que son sujetos de un proceso de servidumbre forzoso.
En tanto, el ingeniero Julio Lasso calificó de falsas las declaraciones emitidas por la cacica porque se dio una resolución por parte de la Asep en la que se aclaró que son cinco los propietarios de las hectáreas donde se incidirá en las servidumbres con el embalse.
Lasso indicó que durante el peritaje de la ONU del año 2013 se detectaron unas seis estructuras dentro del nivel de incidencia del embalse, las cuales no se encontraban en esos sitios al realizar las inspecciones y levantamientos topográficos en esta zona durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 2012.
Es importante señalar que la cacica Silvia Carrera formó parte de la mesa de revisión del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, instalada ante la sede de la ONU, en función al acuerdo que firmó en marzo de 2012, afirmó Lasso.
Igualmente sostuvo que la empresa será respetuosa de los acuerdos existentes con las autoridades comarcales y gubernamentales en el país y no incumplirán los acuerdos logrados.
Reacción indígena
Manolo Miranda, dirigente del Movimiento 10 de Abril, aseguró que Genisa en ningún momento realizó la debida información a las comunidades que hoy son afectadas por el Estudio de Impacto Ambiental.
Lo que busca es engañar al país, porque las familias que viven allí poseen la tierra colectiva que pertenece a más de 200 familias que van a ser desalojadas, declaró Miranda.
Agregó: Rechazamos las acciones de la hidroeléctrica porque no es una empresa responsable y por las acciones que pretende realizar con el aval de las autoridades centrales que promueven dicha obra.
Miranda señaló que ante esta situación se está convocando al pueblo originario para pelear por los derechos de la comarca, ya que se van a afectar la flora, fauna, los petroglifos y las tradiciones indígenas.
El dirigente aseguró que mantendrán el campamento en el área hasta que las autoridades y la hidroeléctrica desistan de pisar terreno comarcal para dicho proyecto que en nada beneficia a la clase humilde.