¿Humo blanco?

Una tenue esperanza de acuerdo ha surgido de las últimas negociaciones entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC). El hermetismo de las negociaciones impide que conozcamos con claridad sobre qué base de arreglo se desenvuelven. Se ha filtrado que se le inyectarían 600 millones de dólares para que GUPC reanude las obras y se postergaría la reclamación consistente en el pago de una deuda por 548 millones en concepto de moratoria por los retratos en el megaproyecto.

Por otro lado se comenta que la aseguradora Zurich podría aportar 400 millones más, pero en calidad de préstamo. Los seguros se contratan para abonar daños o perjuicios; sería la primera vez que una aseguradora asuma el rol de financista o avalista de una obra. Sin embargo, en el campo de las negociaciones aparecen posibilidades inéditas. En verdad, la opinión pública desconoce las cláusulas del contrato y se limita a las informaciones de carácter general sobre el contrato mismo y el rumbo un tanto errático de negociaciones plagadas de amenazas, marchas y contramarchas.

Hasta el momento, el único hecho real es que no hay acuerdo oficial, solo esperanzas de avenimiento entre partes atrincheradas en posiciones monolíticas: la ACP insiste en que las negociaciones constituyan el único referente, mientras que las empresas extranjeras han insistido en pagos cuantiosos que duplicarían el monto de la suma que el GUPC calculó para la realización del tercer juego de esclusas. El administrador de la ACP, Jorge Quijano, reiteró ante los diputados que lo interpelaron que no se contempla incrementar los $3,200 millones.

Con retrasos que no tienen fecha todavía para reanudar el megaproyecto no resulta realista aseverar que el cálculo de las obras no sufrirá variaciones. El tercer juego de esclusas podría costar más, pero no puede calcularse cuánto más. Se ha puesto en evidencia que la propuesta del GUPC era una maniobra para ganar la licitación, pero que se trataría de proponer más dinero del costo global, como ha quedado demostrado.

Los negociadores panameños cayeron en la trampa, o aceptaron conscientemente dicha propuesta para favorecer a alguien por una y otra razón que algún día tendrá que conocerse. La licitación del tercer juego de esclusas debió realizarse con sujeción a los procedimientos de selección del contratista y de la contratación pública. La selección de contratistas se rige por principios previstos por las leyes, y así debió hacerse. El Canal es patrimonio inalienable de la nación. Por consiguiente debió privilegiarse el marco jurídico creado para licitaciones públicas por la Ley  69 de 2009, que establece principios en contratación menor, licitación pública, licitación por mejor  valor, licitación de subasta en reserva, licitación abreviada y subasta de bienes públicas. Respetando, además, los principios de transparencia, eficiencia, legalidad, eficacia, publicidad.

La ACP se distanció del marco jurídico de las leyes de licitaciones en el caso específico de la construcción del tercer juego de esclusas en el entendimiento de que se lo permite su autonomía administrativa. Administra de manera eficiente y competente. Sin embargo, la ACP fue creada por el título XIV del Canal que le otorga personería jurídica autónoma. Está inserta en el ordenamiento jurídico de la nación, como defensora de un patrimonio histórico e inalienable de la nación.