Datos
Declaraciones
- Alrededor de doce personas rindieron declaración jurada en este caso, entre ellos nueve unidades de la Policía Nacional y otros tres ciudadanos civiles que estaban en el lugar cuando se dieron los hechos y han sido llamados como testigos.
Repreguntas
- La intención es que todas estas personas rindan nuevamente las declaraciones, a solicitud de los abogados de la defensa, para establecer algunas contradicciones en las versiones originales que dieron ante el despacho de instrucción.
Detenidos
- Las unidades de la Policía Nacional, a quienes se les ha formulado cargos por homicidio doloso, permanecen detenidas en una celda preventiva debido a que se trata de efectivos policiales que en el momento del incidente pertenecían a un grupo sensitivo.
La diligencia de repreguntas a las unidades de la Policía Nacional uniformadas que rindieron declaración jurada por el incidente de San Carlos, donde murieron dos menores indostanes, pudiera dar un giro a las investigaciones de este caso.
En una de estas declaraciones ampliadas, que fue rendida por un oficial de rango superior, se asegura que los policías uniformados que montaron el retén no siguieron las normas establecidas en este tipo de medidas de seguridad.
Según una fuente vinculada con el proceso de estas investigaciones, el hecho de que se diga que el retén no estuvo lo suficientemente identificado revela que esto pudo haber sido la razón que motivó la confusión que posteriormente fue la causa de la tragedia.
La fuente indicó que en la declaración del oficial se asegura que se dio la orden expresa de que se montara un retén para detener a cuatro vehículos sospechosos que estaban en una caravana que supuestamente transportaba droga.
Sin embargo, indica la fuente, lo que se hizo fue un puesto de control, es decir, que no estaba lo suficientemente identificado.
Un retén debe contar con conos, patrullas claramente y al menos unas 9 unidades policiales uniformadas, lo que no se cumplió en su totalidad, según argumento de la fuente consultada.
No obstante, las investigaciones que desarrolló el Ministerio Público determinaron que había más de nueve unidades policiales debidamente identificadas con el uniforme policial.
Mientras, la parte querellante -quienes representan a las víctimas- indican que la familia Ahir pasó por el retén siguiendo todos los procedimientos de verificación y que unos metros más adelante se dieron los disparos contra el vehículo.
En la querella se menciona directamente a los policías Alexander Rosales, con el rango de teniente y a la agente Adelina Pérez, ambos en estos momentos detenidos por este caso.
La defensa de la agente Pérez desistió de la solicitud de libertad condicional para su cliente, según una fuente, la medida fue como manera de una estrategia técnica.
Mientras, para este lunes se espera que se continúe con esta diligencia de repreguntas.
Este caso es investigado por la Fiscalía Tercera Superior que, aparte de esta diligencia, espera realizar otras pruebas periciales y de campo para lograr elaborar la vista fiscal con la respectiva solicitud ante el tribunal del caso.