ONG denuncia ante la Fiscalía General el secuestro de un miembro
- Marino Alvarado, representante de la ONG local Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), acudió ayer a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General para denunciar el secuestro temporal que sufrió un miembro de esa organización por parte de hombres encapuchados que se identificaron como agentes de la Policía política. El coordinador de medios de Provea, Inti Rodríguez, relató a la AP que la noche del 12 de febrero fue secuestrado por cerca de una hora por un grupo de hombres uniformados de negro con pasamontañas y chalecos antibalas, portando armas largas y cortas, que se identificaron como supuestos integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que lo interceptaron en un improvisado puesto de vigilancia en la barriada pobre de Catia. Rodríguez dijo que lo golpearon en la cabeza con las culatas de sus armas los presuntos funcionarios policiales, lo interrogaron, le quitaron su teléfono y billetera, y amenazaban con matarme.
Las autoridades iniciaron procesos judiciales contra algunos de los manifestantes detenidos por los violentos incidentes ocurridos esta semana en Caracas, mientras organizaciones de derechos humanos denunciaron malos tratos y supuestas torturas contra algunos de los jóvenes apresados y un activista.
La Fiscalía General anunció ayer la apertura de procesos contra 10 manifestantes detenidos _entre ellos, dos menores de edad_ y señalados de participar en hechos de violencia contra unas oficinas de la Policía que ocurrieron tras la marcha que realizaron el miércoles universitarios y opositores en Caracas.
Los 10 manifestantes quedaron en libertad, pero fueron sometidos al régimen de presentación en tribunales, fueron imputados por instigación pública a delinquir, daños violentos, asociación en grupo para cometer delitos y concurrencia de adolescentes para cometer un acto delictivo, dijo el Ministerio Público en un comunicado.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dijo a un grupo de oficialistas que acudió al Ministerio Público para exigir justicia, que los responsables de los hechos ocurridos... en el país van a pagar por esto.
Ortega Díaz informó que las autoridades ya disponen de material fotográfico, fílmico sobre los violentos incidentes del pasado miércoles en los que fue atacada la sede de la Fiscalía General.
La funcionaria señaló a grupos de infiltrados y encapuchados de ser los responsables de los incidentes violentos que dejaron tres muertos, 66 heridos y decenas de detenidos.
Aunque las autoridades hablaron inicialmente de 69 manifestantes detenidos _incluidos los 10 a los que se les inició proceso y se dejó en libertad condicional_, el director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, afirmó que solo en Caracas hay aproximadamente 100 detenidos. Añadió que no se conoce el paradero de algunos de ellos y que los familiares y activistas esperan que aparezcan en las audiencias en los tribunales.
Romero indicó que los detenidos por las manifestaciones del 12 de febrero han sido incomunicados.
Alianza opositora pide desarmar colectivos
La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pidió la liberación de los detenidos tras los hechos violentos del miércoles y el desarme de grupos ilegales armados, al tiempo que exigió que cesen los señalamientos infundados contra opositores.
Libertad para los detenidos es el primer paso para la paz en Venezuela, dijo el secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, quien destacó que la alianza opositora también exige el desarme de los denominados colectivos.
Aveledo indicó que esos grupos ilegales armados, asociados con el oficialismo, tienen una organización paramilitar y poseen armamento de guerra. Además, la MUD pide un cese a las imputaciones sin evidencia a dirigentes políticos y sociales y rechazó específicamente los señalamientos infundados contra el opositor Leopoldo López por parte de funcionarios del Gobierno central.