El jurista español Carlos Castresana encabezó desde septiembre de 2007 y hasta hoy la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, una titánica tarea a la que ha abocada a lo largo de su carrera tanto en su país natal como dónde se lo pidió la ONU.
Al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a cuya dirección renunció hoy, Castresana ha denunciado las interferencias en la justicia por parte de políticos y ha declarado guerra sin cuartel al crimen organizado, además de encabezar algunos de los procesos más notorios de los últimos años como el procesamiento del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
"Ya no puedo hacer más por Guatemala. Yo le sirvo mejor a Guatemala desde afuera que desde adentro", dijo Castresana en una rueda de prensa en la que también pidió al presidente lvaro Colom destituir al recién nombrado fiscal general, Conrado Reyes a quien señaló de tener vínculos con el crimen organizado.
Castresana acusó a Reyes de poseer un "historial de corrupción y vínculos con organizaciones ilícitas", y denunció que tanto él en lo personal, como los integrantes de la Cicig en general, han sido "objeto de ataques sistemáticos por parte de los grupos que quieren seguir en el poder".
El jurista ya había advertido recientemente en una entrevista con Efe que Guatemala debía acometer profundas reformas en sus sistema jurídico y policial para abordar "males estructurales" que han contribuido a su indefensión ante el crimen organizado.
Nacido en 1957 en Madrid, Castresana ha ocupado a lo largo de su carrera diferentes responsabilidades en la persecución de la corrupción tanto en su país como en el extranjero.
Presidió la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de España, de la que sigue siendo miembro, e ingresó en la Fiscalía Anticorrupción española desde su creación en 1995, donde estuvo dedicado a investigar delitos económicos, en algunos casos de gran relevancia tanto nacional como internacional.
Castresana encabezó investigaciones notorias en España como el "caso Gil", sobre las presuntas irregularidades cometidas por el fallecido alcalde de Marbella y ex presidente del club de fútbol Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil; o el "caso Tele 5", en el que se investigó la presunta conducta delictiva, entre otros, del hoy primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.
También el "caso Sintel", abierto para esclarecer la posible venta fraudulenta de la filial de Telefónica a la empresa norteamericana Mas Tec Inc, del fallecido anticastrista Jorge Mas Canosa.
Sin embargo, de entre ellas, la que tuvo una mayor repercusión internacional fue la presentada en marzo de 1996 en nombre de la Unión Progresista de Fiscales ante la Audiencia Nacional de España contra el difunto general chileno Augusto Pinochet.
Castresana acusó de genocidio, tortura y terrorismo al general chileno Augusto Pinochet, así como a los militares que gobernaron Argentina desde 1976, en lo que dio origen al juicio contra Pinochet, que desembocó en la detención del militar chileno.
De manos de la Secretaría general de la ONU, en septiembre de 2007 Castresana recibió el encargo de dirigir la Cicig, una instancia única en su género, dedicada a colaborar con el Estado guatemalteco en la investigación y desmantelamiento de los grupos criminales que se han incrustado en la instituciones para procurar impunidad.
Uno de los primeros casos de los que se ocupó la Comisión fue la investigación sobre el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, el 10 de mayo de 2009, quien en un vídeo difundido al día siguiente de su muerte responsabilizó del crimen al presidente de Guatemala, lvaro Colom.
El mandatario guatemalteco fue exonerado de culpa el 12 de enero pasado de la responsabilidad en el crimen de acuerdo a la investigación seguida por la Comisión encabezada por Castresana, quien afirmó que fue el abogado quien planificó su propio crimen sirviéndose de terceras personas.
Castresana ha sido galardonado con el Premio Derechos Humanos 1997, concedido por la Asociación Pro Derechos Humanos, por su acción al promover los procesos contra los responsables de la detención ilegal y la desaparición de personas durante las dictaduras militares de Argentina y Chile.
Además, es doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara, en México.